En diez años, las Casas Comunitarias de Justicia han atendido a 229,292 usuarios en sus ocho locales ubicados en barrios marginados y con altos índices de violencia de Santiago, La Vega, Mao, San Francisco de Macorís y el Distrito Nacional.

El 52% de los que acuden a esas instancias en busca de resolución de conflictos son mujeres y el 48% hombres. La mayoría de los casos están vinculados con manutención de hijos, herencias y linderos.

Por cada 100 casos atendidos 62 terminan en acuerdos, y apenas 12 concluyen sin armonía entre las partes. En términos de capacitación, alrededor de 12,000 personas han sido entrenadas en la resolución de conflictos.

Esas gestiones de conciliación son gratuitas, pero al mismo tiempo ahorran cientos de miles de pesos solo al sistema de justicia, porque una audiencia en cualquier instancia judicial puede tener un costo operativo que ronda entre los RD$25,000 y RD$35,000.

Pero los ejemplos explican mejor que las estadísticas la repercusión que tienen estos entes de mediación en las comunidades. Tal es el caso de un conflicto surgido en el barrio Cienfuegos, de Santiago, donde ocupantes ilegales de terrenos operaban como una especie de mafia que se dedicaba a la venta de lotes, agredían a los adquirientes que se negaban a hacerle juego a sus artimañas, y algunos de sus miembros trabajaban en el Departamento de Juntas de Vecinos del cabildo santiaguero.

Por la intermediación de la Casa Comunitaria de Justicia los ocupantes ilegales dejaron el sector y volvió la paz a la barriada, a pesar de que se trasladaron a una zona cercana a cometer las mismas fechorías.

Esos datos fueron ofrecidos por José Ceballos, director ejecutivo de las Casas Comunitarias de Justicia, y por Ruth Henríquez, directora de gestión de la referida entidad, quienes asistieron ayer al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Por qué se crearon. Ceballos explicó que las referidas entidades surgen como iniciativa de Participación Ciudadana para contribuir con la reducción del déficit de acceso a la justicia que tiene el ciudadano.

Ese déficit se debe, según sus declaraciones, a dos razones: porque los tribunales no responden a las expectativas de los usuarios y porque hay una situación de violencia en los barrios populares que se expresa a través de la violencia intrafamiliar, la delincuencia, y la actitud agresiva de la población para enfrentar los diferentes conflictos.
El método esencial de las Casas Comunitarias de Justicia es la mediación, y en esa plataforma juegan un rol importante el Ministerio Público y el sector privado, dijo.
Esas instancias trabajan con un personal compuesto por abogados, psicólogos, fiscales, mediadores designados por el Poder Judicial y colaboradores de las comunidades.

Sobre las razones que se tienen para escoger los lugares donde se instalan, Henríquez afirmó que se prefiere a los sectores vulnerables tanto económicamente como en términos de seguridad.

“Cuando hablamos de zonas vulnerables es para hablar de esa población que vive carente de acceso a la justicia, que vive en condiciones de pobreza aguda o moderada, y por razones sociales no pueden hacer valer sus derechos”, refirió.

Eso se logra, dijo, a través de los métodos de resolución alternativa de conflictos que utilizan los representantes del Ministerio Público.

Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, afirmó que para esa entidad las Casas Comunitarias de Justicia son una vía rápida de resolución de conflictos, que se convierten en un mecanismo de acceso a la justicia para el ciudadano de escasos recursos económicos.

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Servicios
En las Casas Comunitarias de Justicia se ofrecen servicios de mediación familiar y comunitaria, conciliación, asistencia en violencia de género, masculinidad solidaria, orientación legal, articulación municipal, educación ciudadana, atención en derechos humanos, formación en seguridad ciudadana, integración de juventud en riesgo, entre otros temas.