LIMA. — El Congreso peruano, dominado por la oposición, se reúne el viernes para decidir el futuro político del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien anunció que no renunciará tras conocerse que recibió cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht.

Según la ley peruana para cesar a Kuczynski en su cargo se necesita el voto de 87 de los 130 legisladores del Congreso unicameral. Al momento los cinco partidos opositores, encabezados por el grupo que lidera la conservadora Keiko Fujimori, suman unos 95 votos, con lo cual el destino del mandatario podría estar definido.

El trámite empieza con una propuesta firmada por 26 parlamentarios. En la siguiente sesión otros 52 deben rubricar la admisión del pedido de juicio político y luego el pleno del Parlamento debe acordar el día en que se votará el pedido para sacar a Kuczynski del poder, que debe ser casi una semana después.

“Si el presidente no ha renunciado esperamos tomar decisiones con las demás bancadas”, dijo el viernes a la radio RPP el legislador Héctor Becerril del partido conservador Fuerza Popular, que cuenta con 71 sillas. Los otros partidos que han pedido que Kuczynski deje el poder son la Alianza para el Progreso (Apra) y los izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú.

Aníbal Quiroga, profesor de leyes de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo que en caso de vacancia presidencial quien asumirá el poder será el primer vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá. Añadió que la sucesión presidencial en Perú es similar a la de Estados Unidos “donde el vicepresidente asume si el presidente muere o es cesado por el Congreso” y recordó que los ejemplos más recientes en la región son el del paraguayo Fernando Lugo en 2012 y el de la brasileña Dilma Rousseff en 2016.

Kuczynski anunció el jueves que no renunciará al cargo y dijo que no tuvo ningún rol en la administración de su empresa Westfield Capital cuando ésta recibió casi 800.000 dólares en pagos de consorcios liderados por Odebrecht. Por ese entonces Kuczynski era ministro de Economía y luego primer ministro del gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Con su discurso la situación “no ha cambiado absolutamente nada. Ha certificado lo que todos conocemos: que su empresa ha hecho negocios -él siendo funcionario- con la empresa Odebrecht y ese dinero ha parado (terminado) en sus bolsillos”, comentó Becerril.

Kuczynski solicitó a la fiscalía que le levante el secreto bancario para comprobar sus afirmaciones pero no explicó una larga serie de preguntas sobre por qué permitió que ingrese dinero a su empresa que estaba supuestamente destinado a su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda.

El mandatario, de 79 años, admitió por primera vez que realizó un informe de asesoría financiera para Odebrecht en 2012, cuando ya no era funcionario público y lo cual según la ley no es delito, después de haberlo negado varias veces. “Soy un hombre honesto… no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis responsabilidades”, dijo Kuczynski.

La fiscalía citó para el 21 de diciembre al mandatario para interrogarlo por su presunta vinculación con Odebrecht, un día antes de que Kuczynski reciba en la casa de gobierno a una comisión parlamentaria que investiga la corrupción de la constructora brasileña.