Caso Odebrecht «golpea el corazón» del Gobierno

Caso Odebrecht «golpea el corazón» del Gobierno

El ministro de Industria , Comercio y Mipymes, Temístocles Montas.

El escándalo por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana impactó de lleno al Gobierno del presidente Danilo Medina, tras la detención de un ministro y otras diez personas, incluidos varios exfuncionarios.

Dos senadores oficialistas y un diputado opositor también fueron implicados en la causa, por lo que la Procuraduría pidió al Congreso que les levante la inmunidad para que puedan ser capturados.

Las detenciones se efectuaron en Santo Domingo, en allanamientos simultáneos, e incluyen al actual ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, informó el procurador general, Jean Alain Rodríguez, en una declaración pública.

Montás se desempeñó anteriormente como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y en el primer período de Medina (2012-2016). Los sobornos de Odebrecht en República Dominicana ascendieron a 92 millones de dólares desde 2001 hasta 2014, según la propia empresa.

Tras la medida de arresto, el ministro puso su cargo «a disposición» de Medina hasta que quede demostrado que nunca utilizó sus posiciones para «obtener ventajas, beneficios o privilegios». Los senadores imputados son Tommy Galán y Julio César Valentín; y el diputado Alfredo Pacheco.
18 meses de prisión. La redada involucró al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al exvicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Radhamés Segura, quienes ocuparon cargos durante los gobiernos de Fernández. Andrés Bautista, expresidente del Senado y jefe del Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal agrupación opositora, así como el encargado comercial de la constructora en el país, Ángel Rondón, figuran igualmente entre los sindicados.

Del gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) fue privado de la libertad César Sánchez, exdirector de la CDEEE, mientras que se pidió a Interpol el arresto de Bernardo Castellanos, exdirectivo de una hidroeléctrica. El Ministerio Público solicitó al juez de la causa 18 meses de detención preventiva.

Los acusados permanecen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital, mientras son presentados ante un juez. «Todos están relacionados con el entramado de sobornos y corrupción orquestado por Odebrecht», afirmó el procurador, indicando que el proceso será llevado por la Suprema Corte de Justicia.

El pasado 17 de mayo, la Procuraduría informó que había recibido oficialmente desde Brasil las delaciones del caso Odebrecht relativas a República Dominicana y dijo que las compararía con las informaciones ofrecidas por la constructora y con las levantadas durante interrogatorios a varios de los procesados.

Aumentarían indemnizaciones. Según los datos suministrados por Odebrecht, República Dominicana es el tercer país donde más coimas pagó para agenciarse obras y favores, con 92 millones de dólares, solo después de Brasil, donde erogó 349 millones de dólares, y Venezuela, donde pagó 98 millones de dólares.

Las delaciones forman parte de un acuerdo por el cual la empresa se comprometió a pagar al Estado una indemnización de 184 millones de dólares, el doble de las coimas.

«Si en el curso del proceso se demuestra que los sobornos fueron más, esta cantidad aumentaría según lo que establece la ley y el acuerdo», aseguró el procurador este lunes. En República Dominicana, la compañía fue contratada para realizar al menos 17 obras, entre las que figuran circuitos de autopistas y carreteras, puentes, embalses para represas hidroeléctricas, acueductos y hasta una planta de generación de electricidad que todavía está en proceso.

El Ministerio Público informó que habilitó un canal para recibir denuncias anónimas que aporten al expediente. A los colaboradores les «garantizamos la protección de todos sus datos», prometió Rodríguez, quien previó que los afectados intentarán desprestigiar la pesquisa que cuenta con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

«Dirán que faltan o sobran nombres, tienen poder y dinero para generar esa percepción por todos los canales a su alcance», afirmó Rodríguez.