Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El encargado de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Jiménez, afirmó ayer que el expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), en el que están implicados dirigentes políticos oficialistas, se encuentra en un «laberinto procesal» porque las pasadas autoridades «obstaculizaron la labor de la justicia».
Dijo que el ministerio público pasado impidió por todos los medios que el caso se conociera en el tribunal que fue apoderado del expediente y afirmó que los implicados son los más interesados en que continué el proceso y así poder demostrar su inocencia.
«El gobierno pasado a través del ministerio público se embarcó en una serie de recursos para tratar de inhabilitar al juez que resultó originalmente apoderado del proceso, que lo fue el magistrado Francisco Ortega, de la Primera Sala Penal, a quien se le solicitó una declinatoria por sospecha legítima, la cual fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia», dijo Jiménez.
Por el caso PEME fueron apresados y sometidos a la justicia los dirigentes peledeístas Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas, Luis Inchausti, Noe Camacho, Grecia Peguero, León Antonio López Mata, acusados de estafar al Estado con más de mil millones de pesos.
«Finalmente intentaron otros recursos que se conocen en la Corte de Apelación, pero no específicamente el fondo del proceso, sino un recurso de apelación tendente a pedir la cancelación de las fianzas emitidas en favor de los compañeros», indicó.
Explicó que una muestra de que las pasadas autoridades solo tenían interés en perseguir a los dirigentes peledeístas es que se les olvidó auditar el manejo de los recursos del PEME, situación que aseguró, es de vital importancia para demostrar las alegadas irregularidades.
«No se hizo ninguna auditoría para demostrar las alegadas irregularidades en el manejo de los recursos del PEME, pero en cambio se montó una campaña para dañar moral y políticamente a un grupo de dirigentes peledeístas», precisó.
Sostuvo que los abogados que llevan el caso ante los tribunales están convencidos de que la acusación orquestada a través del PEME tenía un ingrediente político para inhabilitar
a los dirigentes peledeístas incluidos en el expediente y al actual Presidente Fernández.
«La verdad es que ese expediente no resiste un juicio de fondo y por eso el Ministerio Público pasado se empeño en incidental el proceso», sostuvo.
Las pruebas presentadas en su momento por las pasadas autoridades no resisten un experticio serio y responsable de técnicos en la materia de contabilidad.
«Es por esto que jamás agotaron los procedimientos de lugar, como es realizar una auditoría», señaló.
«Tenemos la absoluta convicción de que con el caso PEME se construyó un expediente sin ninguna prueba valedera y porque se violentaron todos los procedimientos de lugar», precisó.
En fecha 7 de noviembre del año 2001, la Cámara de Calificación de la entonces Corte de Apelación de Santo Domingo, envió por ante un tribunal criminal a los prevenidos, decisión que fue recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia.
Jiménez manifestó que los dirigentes peledeístas «perseguidos» en términos políticos son los más interesados en que se busque una solución definitiva, debido a que se sienten inocentes e injustamente apresados.
Indicó que los abogados harán todo lo que este a su alcance para que el caso se aclare lo antes posible en los tribunales.
Sostuvo que tanto la sociedad como los familiares de los implicados están interesados en que el caso sea aclarado.
NO A LA PERSECUCIÓN
De otro lado, Jiménez, recomendó a los actuales funcionarios a no denunciar alegados actos de corrupción en la pasada gestión gubernamental a través de los medios de comunicación y que en cambio aporten las pruebas a las autoridades judiciales para que actúen.
Dijo que el gobierno tiene la voluntad de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones con firmeza, pero sin «alharaca» y sin caer en el descrédito.
Manifestó que cuando los casos sean llevados a los tribunales, se haga con la debida sustentación con pruebas «irrefutables»
«Que no se acuda a los medios de comunicación a enlodar reputaciones ajenas, sino que cuando se realicen auditorías y sin ningún tipo de prejuicios, entonces se acuda a los tribunales para que no se mezcle el elemento político», precisó.
