Cuando la República Dominicana se lanzó al ruedo para lograr su inclusión en el TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) estaba dispuesta a someterse a las mismas ventajas y requisitos a que se sometieron las cinco naciones centroamericanas. Fue en ese contexto que negoció listas de exclusión, derechos de salvaguardia, períodos de desgravación, requisitos sanitarios, de empaque, etiquetado y laborales, entre otros. Sabía que competiría en condiciones desiguales con sus colegas del itsmo.
Para la ocasión, el país no midió sus desventajas internas ni trabajó lo suficiente como para superarlas. Las políticas internas al momento de la firma y las que se adoptaron después han sido restrictivas desde lo interno, sin que en esto tuviera que ver el DR-CAFTA. Y pretender ahora una revisión del tratado, sin arreglar las dificultades internas, podría ser un error muy costoso, suponiendo que Estados Unidos accediera a modificar un tratado que le favorece.
El país tiene que mejorar las políticas internas de producción y fomento de las exportaciones, apuntalar la productividad con mejor acceso al financiamiento y menos restricciones generales. La práctica ha demostrado que nuestra competitividad no está en los niveles óptimos para competir con ventaja en los mercados de Estados Unidos y Centroamérica. Pretender una revisión del tratado sería un arma de doble filo.

Médicos y ARS en conflicto

El Colegio Médico Dominicano (CMD) está en pie de lucha, enfrentado a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), a las que reclama aumento de los honorarios médicos y la inscripción de miles de especialistas excluidos, ampliación de la cobertura a pacientes con enfermedades catastróficas y otras reivindicaciones. La confrontación tiene como novedad la amenaza de paralizar los servicios en las clínicas privadas, algo que no parece tener precedentes. Hay por lo menos 40 asociaciones de especialistas médicos respaldando estas demandas.
El Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Sisalril, a las que el CMD culpa de ser indiferentes a la situación, deberían ejercer una mediación efectiva para un arreglo entre las partes y evitar así que las cosas empeoren en perjuicio de los enfermos.