La Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares, y establece su bloqueo en los centros penitenciarios de la República Dominicana, a fin de evitar que desde esos lugares se organicen hechos delictivos.
La iniciativa legislativa de la autoría del diputado de la provincia La Altagracia, Juan Julio Campos persigue, además, regular las llamadas de los internos en las distintas cárceles.
A tales fines se habilitarían “casetas”, donde las autoridades tendrían el control de las llamadas realizadas o recibidas por los internos.

Al motivar el proyecto, el congresista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indica que no es posible que en el país los reclusos se comuniquen a través de celulares sin ningún control, planificando, incluso, crímenes diversos.

Recordó que la iniciativa perimió en la pasada legislatura, por lo que es ampliamente conocida por sus colegas.
En ese sentido, instó a respaldar el proyecto de manera unánime.
Inacif. Durante la sesión, los diputados también aprobaron en única lectura un proyecto de resolución, en el que solicitan al Poder Ejecutivo dar prioridad a la instalación en la región de Enriquillo, de una oficina regional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con asiento en la ciudad de Barahona.

La propuesta de la diputada oficialista, Rudy María Méndez, argumenta que la unidad del Inacif más cercana está ubicada en Azua y que tiene bajo su responsabilidad además, los casos de las provincias San Juan de la Maguana y Elías Piña.

Agrega que ante la gran demanda, esta oficina no puede cumplir con eficiencia y prontitud con los servicios requeridos.
Investigación. En otro orden, Fidelio Despradel solicitó a la Cámara de Diputados la conformación de una comisión especial, que se encargue de investigar las denuncias de sobornos y sobrevaluación de la multinacional Odebrecht en República Dominicana.
Despradel planteó la necesidad de que esa comisión tenga la facultad de viajar de inmediato a Estados Unidos y Brasil, para solicitar la cooperación de las autoridades judiciales de estos países.
El legislador por Alianza País indicó que este equipo de congresistas tendría que determinar, si en las 17 obras que Odebrecht ha construido en el país desde el 2001 a la fecha, existen sobrevaluaciones o prácticas que atenten contra la Constitución y las leyes dominicanas.
Según Despradel, la auditoría de todas las obras levantadas por la constructora brasileña se justifica porque la misma ha recibido contratos públicos en el territorio nacional por unos RD$200,000 millones, y en la mayoría de los casos los costos finales superan el 25% de la variación permitida por la legislación local. “Entendemos que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de estas indagatorias, pues cada uno de los contratos en cuestión ponen en entredicho la credibilidad y la integridad del Poder Legislativo”, argumentó.