La Comisión Europea propuso ayer medidas para reforzar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, como dar a las autoridades fiscales mayor acceso a la información sobre los titulares reales de empresas, fideicomisos y fondos, y más controles sobre las cuentas e intercambio de información.

«Para identificar a los evasores de impuestos, las autoridades fiscales necesitan saber quién es el beneficiario efectivo de cada empresa, fideicomisos y fondos», afirmó la Comisión Europea (CE), que recuerda que no tienen acceso a estos datos en todos los Estados miembros.

La Comisión también quiere que las cuentas ya existentes y aquellas que se abran nuevas sean sometidas a controles, para evitar que se usen para actividades ilícitas que potencialmente escapan de la vigilancia de las autoridades, a la vez que se refuerza la vigilancia sobre los fideicomisos y las empresas.

Además, plantea reforzar el seguimiento de las actividades de los consejeros fiscales, para lo cual la Comisión examinará «cómo elaborar medidas disuasivas eficaces contra aquellos que fomentan y hacen posible la planificación fiscal agresiva». En el extremo opuesto, la Comisión se muestra dispuesta a examinar «la necesidad de adoptar medidas horizontales o sectoriales complementarias para reforzar la protección de los informantes» que permiten revelar casos de elusión y evasión fiscal al público, ante la presión de la sociedad civil para que se les proteja.

También pretende «estudiar» cómo los Estados miembros pueden intercambiar de forma automática la información que tienen a nivel nacional sobre la propiedad efectiva de las empresas y los fideicomisos «que puedan tener un potencial impacto fiscal».

Además, la CE mantiene su intención de «promover la buena gobernanza fiscal en todo el mundo y combatir las jurisdicciones fiscales no cooperativas», punto en el que recordó que se está trabajando para crear una lista negra de paraísos fiscales a escala europea cuya primera versión quiere que sea publicada en 2017. Ahora, las medidas tendrán que ser aprobadas por los Estados miembros, reunidos en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo en el caso de las normas que afecten a la directiva contra blanqueo, pero no los cambios sobre la directiva de Cooperación Administrativa en materia Tributaria, ya que sobre la Eurocámara solo tiene un papel consultivo.