El economista Miguel Ceara Hatton afirmó ayer que el Estado dominicano se ha caracterizado por un gran desorden en las instituciones, desviación de fondos, desperdicio del gasto público, inequidad territorial y falta de transparencia que, asegura, se refleja en la distribución del presupuesto.

Asimismo, la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro Interfronterizo para una Mayor Inversión Pública expresó su preocupación en torno al Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2017, por considerar que no refleja voluntad política para impulsar el desarrollo de las provincias fronterizas.
Al igual que Ceara Hattton, las organizaciones comentaron que el proyecto de ley continúa excluyendo el enfoque territorial para la descentralización de la inversión pública. Este desequilibrio en la distribución de los recursos afecta a los ciudadanos de las comunidades de Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales, que son las provincias con mayores índices de pobreza y extrema pobreza en República Dominicana,
“La inversión prevista para las cinco provincias en su conjunto fue de apenas 2.2%, lo que tiene como efecto la perpetuación de la desigualdad e inequidad social, y agrava las limitaciones relativas al acceso a servicios públicos básicos de calidad”, aseguró Adela Matos, vocera de la coalición.
Se refirieron al hecho de que en el proyecto de presupuesto, el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo concentran el 69.8% de la inversión pública, cuando representan solo el 35.3 % de la población total, mientras que el 30.2 % de la inversión proyectada se repartiría entre las otras 30 provincias del país.
”Lo que llega a las provincias y municipios en forma de desarrollo es mínimo. Es necesario que la sociedad en cada provincia del país se empodere y movilice para lograr una mejor asignación y sobre todo para revertir la inequidad territorial. El problema del presupuesto no es de falta de recursos, sino de inequidad y calidad de gasto”, expresó Ceara Hatton, al ser conferencista en el foro organizado por varias organizaciones nacionales e internacionales que trabajan a favor del desarrollo de la frontera y la niñez.
Afirmaron que ese enfoque en la distribución del presupuesto no contribuye a elevar las condiciones de vida de la población de las provincias fronterizas, presionando así la migración interna hacia el espacio periférico de las grandes ciudades, creando grandes cinturones de pobreza frente a los cuales los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
“El presupuesto no mejora la calidad de la inversión en política social. Por ejemplo, es notoria la falta de compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, con una asignación de apenas RD$75,858 millones para todo el país”, comentó Matos.
Asignación para la niñez. Agregó que peor aún es el caso de la asignación presupuestaria para el financiamiento del SistemaNacional de Protección de la Niñez.
“CONANI solo recibiría RD$800 millones, aproximadamente, a pesar de que la ley 136-03 establece que la asignación debe ser equivalente al 2% del monto total del presupuesto nacional”, agrega.
A raíz de este análisis, las organizaciones integrantes del Foro Interfronterizo para una Mayor Inversión Pública llamaron a la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto, a priorizar la inversión en las provincias fronterizas.
Las instituciones queconforman el foro son Centro Bonó, World Vision, Plan International, Cefasa, Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, la Red Jesuita con los Migrantes y las redes de protección de la niñez de la frontera.
Los análisis presupuestarios por territorio y para la niñez se realizaron en una reunión en World Vision.
Inversión mal distribuida. De acuerdo al análisis de Ceara Hatton, la inversión pública por habitante proyectada en el territorio en el presupuesto de 2017 es del orden de RD$8,271 para todo el año, lo cual es equivalente a RD$689 mensuales o alrededor de US$15 por persona. Señala que hay una elevada concentración en el Distrito Nacional, que absorbe el 54.4% de la inversión con el 10.2% de la población y una tasa de pobreza 28.3%.