Por las oportunidades laborales que ofrece Chile, ese país suramericano se ha convertido en el tercer destino con mayor presencia de dominicanos, lo que refleja una variación sustancial de las corrientes migratorias desde la República Dominicana.
La información la ofreció la doctora Florinda Rojas, directora del Instituto Nacional de Migración (INM), quien destacó que en esa nación residen alrededor de 25,000 dominicanos.
La funcionaria explicó que las nuevas corrientes migratorias se caracterizan por la búsqueda de oportunidades laborales y por la reunificación familiar.
Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar entre los países que escogen los criollos para residir; de hecho, de los 1.8 millones de dominicanos que viven en el extranjero, el 85% está en esa nación, sobre todo en las ciudades de Nueva York, Boston y La Florida.
El segundo país con fuerte presencia de dominicanos es España, precisó Rojas al destacar que en ese orden Puerto Rico quedó desplazado.
La trata de mujeres. En el contexto de los flujos migratorios, la trata de mujeres dominicanas es una problemática que preocupa al Instituto Nacional de Migración.
En ese sentido Rojas expresó que la institución intenta hacer un estudio sobre la trata de personas, porque hay una gran cantidad de mujeres, inclusive menores de edad, que han sido objeto de trata o explotación sexual desde la República Dominicana.
Gina Gallardo, directora de la Escuela Nacional de Migración, explicó que para la trata de mujeres existen rutas tradicionales como las de Curazao, Antigua y San Martín, en la región del Caribe, pero ahora hay nuevos destinos como Ecuador y Perú.
Sin embargo expresó que esos dos últimos países se utilizan más como tránsito, porque los destinos ideales para la explotación sexual de dominicanas en el continente suramericano, son Argentina, Chile, y en menor medida Uruguay.
“Aunque en el negocio de trata de personas la capacidad de absorción no importa, porque el negocio consiste en movilizar a las personas y buscar nichos donde se puedan explotar.
“Pero además de la trata, tiene mucha incidencia el tráfico, que es un fenómeno parecido pero con matices diferentes, porque la trata es explotación sexual de mujeres, y el tráfico se remite a la movilización de las personas”.
Gallardo afirmó que lo lamentable es que República Dominicana es un país que aparece en todos los destinos en los que se estudia el fenómeno de la trata de mujeres.
“Donde quiera que tú ves a un dominicano como indicador ahí tú puedes encontrar la parte más oscura en la violación de los derechos humanos”.
Los dominicanos en España.
Gallardo, quien ha realizado estudios sobre la migración dominicana en España, explicó en el encuentro que hay una diferencia abismal entre la diáspora dominicana que se asentó en España en la década de 1980 y 1990 y la del siglo XXI.
Igualmente se han registrado cambios en la sociedad española, pues si bien en esa época era muy cerrada hacia la migración dominicana, con el tiempo la ha acogido con mayor apertura.
“Hay muchísima diferencia entre los migrantes dominicanos que residían en España entre las décadas de 1980 y 1990 y las de esta época, porque ahora tienen un arraigo en la sociedad española.
“Y como la Ley de Naturalización de España permite que los dominicanos se puedan naturalizar a los dos años de ingresar a ese territorio, una gran parte de ellos se ha hecho español”.
Eso ha generado otro fenómeno, y es que dominicanos naturalizados españoles se movilizan hacia otros países del continente europeo como ciudadanos españoles, dijo Gallardo.
Asimismo afirmó que también ha cambiado la composición por género, en el sentido de que ahora hay más hombres que han sido partícipes de la unificación familiar, y una segunda y tercera generación de españoles de origen dominicano.
Mendigos haitianos. En otro orden, a la doctora Rojas se le preguntó cómo deberían actuar las autoridades dominicanas frente a los infantes haitianos que son utilizados como mendigos en las calles, tomando en cuenta que les son vulnerados sus derechos.
Sobre el particular respondió que entidades como el Consejo Nacional para la Niñez (Conani), así como el Ministerio Público, son los que deben actuar para enfrentar esa situación.