Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, mostró su voluntad de bajar los salarios del personal directivo de las grandes compañías estatales, que están directamente controladas por el Gobierno central del país.

“Se deben ajustar los salarios irracionalmente altos de algunos ejecutivos”, dijo el presidente chino durante un encuentro con varios altos cargos del Gobierno y Partido Comunista de China, celebrado el lunes.

En esta reunión, a la que también asistió el primer ministro del país, Li Keqiang, se elaboró un plan para la reforma del sistema de pago en estas empresas, aunque no se hicieron públicos detalles de cuánto se bajarán los salarios ni cuándo se llevarán a la práctica los recortes.

“Los ingresos injustificadamente altos deben ser regulados”, dijo Xi, citado por Xinhua, quien pidió “una estructura salarial razonable, una gestión estricta y una supervisión eficiente de las cuentas».

Además, también instó a los ejecutivos de estas empresas estatales a “darse cuenta de sus responsabilidades y aceptar la reforma». Uno de los grandes retos de la economía china pasa por la reforma de las empresas estatales, conocidas como SOE, que copan un 35 por ciento de la actividad económica del país y que abarcan todos los sectores estratégicos, como la energía, aeronáutica, telecomunicaciones o la banca.

Los ejecutivos que rigen estas empresas mastodónticas se muestran más reticentes a las reformas pro-mercado, ya que hasta ahora han operado bajo un mercado de casi monopolio y temen que la entrada del sector privado -o de las empresas extranjeras- lastre sus beneficios y ponga en evidencia la poca eficiencia de algunas de ellas.

Tanto Xi Jinping como Li Keqiang han insistido en la necesidad de reforma de estas empresas y, según los analistas, la voluntad del Gobierno para cambiar la estructura del modelo económico del país es clara a pesar de las presiones desde estos sectores.

Además, desde su llegada al poder, Xi ha emprendido una campaña de austeridad que incluye la prohibición de grandes banquetes oficiales, la construcción de edificios oficiales ostentosos y otros actos “extravagantes».

En este sentido, también subrayó que, aparte de los gastos necesarios certificados, “los ejecutivos de las empresas estatales dejarán de disfrutar de otras ventajas en nombre de su consumo propio».