La actual la lucha contra la corrupción y la impunidad, encarnada por el Movimiento Verde, está configurando un antes y un después en el manejo de la cosa pública. No cabe duda. Sin embargo, como toda lucha política/social es una lucha entre la continuidad y el cambio, en la cual resulta muy difícil que el segundo se imponga sobre la primera sin que este deje de persistir por largo tiempo y, a veces, lograr revertir el eventual y/o coyuntural triunfo del cambio. Este aserto viene a cuento al observar cómo algunos, escudándose en ambiguo principio de la ética del deber y otros en el cinismo político, se han prestado a salir en auxilio de un gobierno disoluto y corrupto.
Definitivamente, la abyección, la podredumbre moral han hecho metástasis en la sociedad dominicana y es precisamente esa circunstancia a lo que apuestan los personeros y estrategas de este gobierno para que la continuidad de la estructura de su poder basado envilecimiento de la gente persista y cierre toda posibilidad de cambio. Este poder ha logrado crear una suerte de ejercito de reserva a su servicio, integrado gente que se prestas a vender su conciencia, su talento o a prestar sus servicios al poder para hacer más grande la fortuna que han amasado a la sombra ese poder. A ese propósito, el informe que dan los integrantes de la comisión que investigó la licitación de Punta Catalina, y más que eso, las razones por lo cual se escogieron sus integrantes constituye un lastimoso ejemplo.
Antes de que se formara esa comisión, dos consultores que anteriormente fueron en extremo sistemáticos y fieros opositores al colectivo político que hoy gobierna y a los que posteriormente se le sumo un tercero, hicieron el trabajo sucio que sirvió de base a la elaboración y justificación del informe evacuado por la referida comisión. Con semejante actitud estos consultores, más que de cinismo político dieron muestras de una abyecta variante de sicariato: el sicariato intelectual al servicio de un poder que no para mientes para mantenerse y reproducirse. Algunos integrantes lo hicieron en tanto empleados del gobierno y otros porque en esencia de alguna manera son beneficiarios de este y otros podrían decir que actuaron en nombre de la ética del deber.
La ética del deber se refiere a la realización de una determinada acción por el impulso de un imperativo ético de parte de quien la hace independientemente de los resultados de la acción y sin esperar ningún beneficio moral o material. Una ambigüedad. Los comisionados dicen haber actuado en marco de sus intimas convicciones; pero ninguna acción puede ser juzgada al margen de sus resultados, máxime si pecan de groseras omisiones y tergiversaciones, como es el caso. Se falta a la ética cuando se asume como valido el resultado de una investigación esencialmente anunciado previo a la culminación de ésta.
En tal sentido, estamos ante un lastimoso ejemplo de la ambigüedad de la llamada ética y de una suerte de cinismo/eclecticismo de parte de los comisionados y de cómo el cinismo y/o la abyección de muchos pueden vestirse con el ambiguo traje de la ética del deber.