El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz, sostuvo que la falta de coordinación y de un registro real de propiedades del Estado son las principales causas de que la implementación del Plan Nacional de Titulación no haya registrado avances significativos.

El objetivo del plan es favorecer con títulos de propiedad definitivos a ocupantes de bienes del Estado a fin de dinamizar la economía, pues podría tener un impacto positivo en la inversión en proyectos turísticos, en el sector construcción, en el sistema financiero.

Al obtener un título de propiedad los propietarios de un inmueble tendrán mayor acceso a créditos bancarios y a otras negociaciones.

Además de que la titulación brinda al beneficiario la seguridad jurídica del derecho de propiedad contemplado en la Constitución y las leyes, y resuelve los conflictos de límites entre las propiedades.

El Presidente de la República, Danilo Medina, se trazó como meta alcanzar 150,000 nuevos inmuebles titulados en cuatro años, para anular el fenómeno de la extra legalidad en 12 años, por lo que a través del Decreto 624-12, de fecha 10 de noviembre de 2012, creó la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, pero fue en febrero del 2013 cuando empezó a funcionar.

El director ejecutivo de la Comisión en una entrevista para HOY aseguró que existe la voluntad política para que el plan de titulación sea una realidad y se logre alcanzar la meta trazada por el actual gobierno, no obstante lamentó que el desafío más grande con el que se ha encontrado esa iniciativa es lograr la coordinación de las cuatro instituciones claves: el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección de Bienes Nacionales.

Además de que históricamente el Estado no ha tenido un control efectivo de su patrimonio y tampoco conoce la cantidad de propiedades que debe o puede transferir a terceros.

Explicó que esa situación sucede porque no existe un catastro de bienes e inmuebles del patrimonio que le pertenece al Estado.

Puntualizó que el Poder Judicial, a través de la Jurisdicción Inmobiliaria y el gobierno Central también son parte fundamental para el desarrollo del plan.

Destacó que es fundamental que esas instituciones cuenten con el presupuesto y las herramientas necesarias que le permitan una mayor capacidad operativa, ya que el proceso de titulación es complejo y requiere de una labor ardua de levantamiento de información y de personal debidamente capacitado.

Dijo que cuando la Comisión empezó a trabajar había un diagnóstico sobre la situación de las propiedades del Estado, pero no un estudio acabado que planteara cuál es la realidad actual, ya que el último que se realizó data el 2006, y reveló que para esa fecha había más de US$30,000 millones en predios o solares sin títulos de propiedad.

Reveló que según levantamiento de información realizados por el IAD en el último año, de 115,000 parceleros de la Reforma Agraria 100,000 no poseen títulos de propiedad de sus predios, a pesar de que ese proceso lleva 52 años. Mientras que según Bienes Nacionales unas 60,000 unidades habitacionales (80%) levantadas por el del Estado (Bienes Nacionales y el Invi) tampoco poseen ese documento.

Resaltó que por vía de consecuencia esos datos tienen un impacto negativo en todo lo que es la economía, debido a que limita las inversiones, el acceso al crédito formal y disminuye la seguridad de la tenencia de la tierra.

Aseguró que la Comisión ha ido avanzado para titular todos los proyectos que estén debidamente legales para ese proceso.

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Iniciativas

En el caso de Bienes Nacionales, están trabajando para la transferencia de más de 5,500 predios en la provincia de Santo Domingo. En el CEA se trabaja en la tramitación de los documentos de unos 4,000 predios en Villa Altagracia. Mientras que próximamente se entregarán 3,000 a propietarios de proyectos del Invi. En tanto en el IAD trabaja con parceleros.