Ciudadano común pone a prueba Ley 200-04

Por LOYDA PEÑA
04 julio, 2009 11:37 pm Sé el primero en comentar

De un total de  100 instituciones públicas sólo 50 acceden con facilidad a entregar su nómina pública a cualquier ciudadano que se la solicite, mientras  30 la tienen publicada en su página de Internet.

El dato se desprende de informaciones ofrecidas por Allan Martínez, un ciudadano común que por iniciativa propia decidió  poner a prueba el funcionamiento de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública.

Martínez, licenciado en Administración de Empresas, depositó personalmente alrededor de cien comunicaciones en  igual número de instituciones  de la administración pública solicitando las nóminas de funcionarios y empleados, con cargo, sueldo y número de cédulas, así como bases de datos. El 50% de las instituciones obtemperó a su requerimiento.

Paradójicamente, no lo hicieron en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que dirige el promotor de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, José Tomás Pérez, ni la Cámara de Diputados, donde se aprobó la ley.En ambas instituciones sólo  se entregó una lista con los cargos y salarios, sin los nombres de quienes los ocupan, alegando que se trata de información privada.

Tampoco  obtuvo respuesta positiva de la Cámara de Cuentas,  el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Liga Municipal Dominicana (LMD), el Banco Nacional de la Vivienda, la Cancillería y el  Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM), entre otras.

Los más resistentes a dar ese tipo de información son los funcionarios del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) aliados al Gobierno, afirmó Martínez.

Las claves

1.  Grandes atenciones

En la secretaría de  Turismo “cargan a uno desde la puerta al punto que uno cree que está en otro país”. El trato también es bueno   en la  de la Juventud y  el  Imposdom.

2.  ¿Dónde habló?

Martínez fue entrevistado en el Programa El Día, en el que Huchi Lora sugirió a Participación Ciudadana y a FINJUS prestarle asistencia para que pueda elevar recursos de amparo contra los que se niegan a atender su solicitud.

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