Anhelan otro país para sus hijos. No piensan emigrar, no son parte del 42% con intención de irse, buscar el exilio económico o un ambiente con menos sobresaltos y acechos delictivos, donde la desigualdad no alcance indignantes desmesuras. Otro país para sus hijas. Sí, pero dentro de su propio territorio, el lar natal, la tierra de los ancestros que inculcaron honestidad y laboriosidad, de los fundadores de la nación con ideales de justicia y equidad, de una auténtica democracia.
Una sociedad que valore la vida, sin la ola de violencia y corrupción impune ni agresiones brutales como la inseguridad física y económica, desempleo y míseros salarios. Libre de feminicidios y abuso infantil, sin niños y niñas violados y asesinados, en la que el 67% no sufra algún tipo de violencia física o psicológica.
Es el clamor de dominicanos y dominicanas deseosos de retener a sus hijos e hijas, porque los jóvenes predominan entre los que quieren marcharse de un país que no les ofrece oportunidades de trabajo y empleo de calidad.
Es el grito vehemente de hombres y mujeres que vieron pasar diecisiete años del siglo 21 sin una reducción sustancial de la pobreza, no precisamente por falta de recursos, pues en República Dominicana, líder del crecimiento económico en América Latina y el Caribe, ¡el dinero sobró!
Ciudadanía activa. El clamor se repite en personas conscientes de que, si bien el hogar es fundamental en la forja de una sociedad con un código ético que norme sus acciones y la de sus descendientes, están convencidas de la necesidad de una ciudadanía activa que frene la negación de derechos, la degradación humana y ambiental.
Derechos, no dádivas. Aspiran vivir en un país con una población que acabe de entender que el empleo, la educación y la salud son derechos, no dádivas, y que logre liberarse del clientelismo envilecedor.
Y están prestos a luchar para construir una sociedad inclusiva. No solos, por supuesto. Perciben fuerzas contenidas que se liberan y encaminan hacia esa dirección, gente que se despoja de la apatía, hastiadas por el dispendio del gasto público entre tensiones económicas y sociales que asfixian a los estratos medios y bajos e intoxican la cotidianidad. Ciudadanos y ciudadanas que, aunque ven signos esperanzadores de un despertar en la adormecida conciencia dominicana, no dudan de la urgencia de mayor cohesión social, de empoderamiento en los que disienten del statu quo político, económico y social.
Un sentir colectivo. Las voces de profesionales y obreros, de padres y madres inquietos por el presente y futuro de su prole. Profesoras universitarias que infunden optimismo a su alumnado, instándolo a la solidaridad, a un compromiso social.
Religiosos de varios credos que observan en feligreses una ruptura con la falta de solidaridad que ha hecho posible la pasividad y el silencio, la permisividad.
Unos reaccionan con indignación o encono, otros enfatizan que basta de lamentaciones y están decididos a unirse a cuantos estén dispuestos a edificar una nación donde se concreten los derechos económicos, sociales y culturales a toda la población.
Aspiran que la ciudadanía los demande, tal como hizo con el 4% para la educación. Y se preguntan por qué los políticos no actúan espontáneamente sin que la gente tenga que lanzarse a la calle, marchar, quitar tiempo al trabajo, al hogar.

Difícil entender la inacción, la obnubilación, la razón por la que ante señales tan evidentes de deterioro social, el liderazgo político y económico no reaccione. No comprenden por qué dejar pasar años, decenios, sin cambios tantas veces prometidos contra la desigualdad, la corrupción y la delincuencia.
No ignoran la realidad dominicana. Saben que las sociedades más igualitarias son las menos violentas, que la acumulación excesiva de riqueza en medio de tanta desigualdad tiene repercusiones nefastas, un efecto de bola de nieve si se deja sin control.
Desactivar tendencias. Los gobernantes pueden tener un rol constructivo en la desactivación de esas tendencias. Pero no actúan en consecuencia. Están acostumbrados a que los dejemos actuar sin rendir cuentas, pues durante decenios han tenido de frente a una población sumisa, de conciencia anestesiada.
Y, al parecer, no vislumbran otra vía que empoderarse, investirse de poder, para que entiendan la urgencia de transformaciones estructurales para contener una situación que llega al clímax. De tal modo, esa sociedad inclusiva habrá que conquistarla, construirla día tras día, como en otros países han hecho.
Para que no se vayan. Anhelan un mejor país para los que están y los que vendrán, donde los jóvenes tengan oportunidades de movilidad social, para que no se vayan y el país no pierda su vigor juvenil.
Una nación en la que los políticos no se enriquezcan corrupta e impunemente, ni aprovechen de la pobreza para atarse al poder. Donde empresarios no amontonen riquezas al precio de la miseria ajena y se erradiquen los privilegios, el tráfico de influencia, favores, concesiones y mecanismos institucionales que legitiman, reproducen y perpetúan la desigualdad.
Una inequidad que, al tocar extremos, conspira contra el desarrollo, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática, que se refleja en el territorio, generando costos de productividad y deterioro ambiental, comprometiendo el desarrollo de generaciones presentes y futuras.

Las desigualdades

1. Género
La exclusión social en RD tiene su más dramática expresión en la violencia que desgarra el hogar, el machismo que pone fin a la vida de más de cien mujeres cada año y deja miles de huérfanos. Somos el tercer país de América Latina con mayor índice de feminicidios, 3.6 por cada 100 mil mujeres. Urgen acciones efectivas que conduzcan a una vida libre de violencia, al derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación integral en sexualidad, la igualdad del empleo, sin discriminación salarial, lograr la paridad política y mayor participación en la toma de decisiones.

2. Territorio
Existe gran desigualdad territorial, rural y urbana, entre regiones y provincias, dentro de una ciudad, sobre todo en barriadas urbanas y rurales; 24 provincias del país tienen una tasa de pobreza sobre 50 y 70%, muy superior a la media nacional: Elías Piña, Pedernales, Baoruco, Independencia, Santiago Rodríguez, Dajabón, Barahona, Azua, Monte Plata y El Seibo. Lo evidencia una serie de indicadores: desarrollo humano, ingreso per cápita y acceso a servicios públicos. Históricamente la planificación ha incidido en los desequilibrios territoriales, privilegiando al Gran Santo Domingo, Santiago y zonas turísticas de la región Este.

3. Vivienda
La desigualdad en la vivienda, tan visible y dispar, se aprecia en campos y ciudades desde chozas que apenas se sostienen hasta torres de lujo, edificios inteligentes, mansiones y villas ostentosas. El déficit habitacional se estima en 865,829 unidades y la oferta solo representa el 8.2% de lo necesario, según un estudio de Oxfam Internacional. El 90% de los proyectos para desplazados están en el Gran Santo Domingo, no en zonas más pobres. Y en el programa de fideicomisos que emprendió el Gobierno con un aval para facilitar terrenos, su precio excluye de esta opción a la mayoría de los necesitados.

4. Educación
El país debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje, pero la exclusión caracteriza nuestro sistema educativo, con colegios para ricos y escuelas de pobres. La expansión de la cobertura en enseñanza primaria fue a expensas de la calidad; en muchos casos los indicadores están por debajo del promedio regional y la mayoría muestra un desempeño inferior al esperado. El informe PISA nos sitúa en la última posición en ciencias y matemáticas y en lectura la cuarta entre los ocho peores lugares. Es preciso lograr la igualdad de oportunidades, que niños, niñas, adolescentes y jóvenes pobres tengan acceso a mejor servicio educativo, sin tan marcadas diferencias en campos y ciudades. El 81.2% del estudiantado está matriculado en centros de zona urbana y 18.8% de la rural.

5. Salud
La desigualdad acorta la vida de los pobres, con mayor prevalencia en morbilidad y mortalidad en RD, segundo país de AL, con la más alta tasa de mortalidad neonatal: niños y niñas que mueren antes de cumplir 28 días nacidos, la mayoría de estratos sociales bajos. En mortalidad infantil, la tasa de los fallecidos antes de cinco años es de 21.8 por cada mil nacidos. La misma registra un aumento de 31.9% interanual y en lo que va de 2018 los infantes muertos suman más de 800. En mortalidad materna, 101 por cada 100 mil mujeres, ocupamos el cuarto lugar regional, muchas son adolescentes. De cada 100 dominicanas embarazadas 23 son niñas o adolescentes.