A finales de los 80 del pasado siglo, se produjeron las primeras demandas por mala práctica médica en el país. En principio las informaciones se manejaron con relativo carácter confidencial, evitando el sensacionalismo publicitario. Siendo parte del equipo de especialistas ligados al Consejo de Enseñanza de la Maternidad La Altagracia, junto a otros colegas preocupados, quisimos advertir a los médicos en entrenamiento sobre los potenciales riesgos que representaba el que se copiara en la República Dominicana el modelo norteamericano de reclamar legalmente a los médicos por daños y perjuicios derivados de errores que pudieran enmarcarse en la definición de mala práctica. No tuvimos éxito en la aceptación de las premoniciones y, en mi caso, llegué a ser calificado de loco, cuando el propósito no era meter miedo, sino advertir lo profiláctico que era seguir los protocolos nacionales e internacionales, con dedicación, buena fe y respeto a los pacientes y sus familiares.
Sin ser profetas sabíamos que el tiempo nos daría la razón. El número de demandas registradas en el Plan de Asistencia Médico-Jurídica del Colegio Médico Dominicano (CMD) es escandaloso y lo peor es que ya se están formando oficinas de abogados supuestamente especializadas en demandas y que, como buitres expertos, están promocionando sus servicios al estilo norteamericano en lo que constituye un verdadero desafío para la clase médica que, no solamente debe mantener o buscar su membresía y protección en el grupo de abogados del CMD, sino también mantener un ejercicio cada vez más ético y profesional, porque el propósito de esas nuevas oficinas es precisamente sacar doble provecho del dolor ajeno por vía del paciente y del médico involucrado.