Muy buenas querido Magino. Entonces tenemos que el presidente Leonel Fernández se resiste a ordenar que las Fuerzas Armadas se incorporen a la Policía Nacional en el patrullaje de la ciudad, para tratar de contener la ola de delincuencia violenta que la estremece. El jefe del Estado considera que el país no se encuentra en “estado de emergencia”, como creen algunos de sus colaboradores más íntimos. Es evidente que el mandatario tendrá sus razones para asumir la posición que asume, en momentos en que la ciudadanía se atemoriza ante la aparente impunidad en que operan los delincuentes…   En 1973, cuando Chile era sacudida por una ola de violencia, el entonces presidente Salvador Allende Gossens designó al general Augusto Pinochet Ugarte, el jefe del Ejército, como gobernador militar de Santiago de Chile. Es bien cierto que hay una diferencia grande entre la situación dominicana de hoy y la imperante en Chile en esa época. El problema chileno era fundamentalmente político y cuando Pinochet fue designado por Allende, sus días ya estaban contados. El tenebroso general chileno se estrenó con una frase que aterra: “El Ejército sale a las calles a matar”. Y advirtió a los revoltosos —no a los que lo seguían a él en forma subrepticia— el riesgo que corrían. El Ejército salió a patrullar y todos sabemos cuanto acorrió…  El secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, ha dicho en reiteradas ocasiones que es opuesto a que se lancen los militares a las calles, y afirma que éstos en realidad, no se encuentran capacitados para desarrollar esa labor y tratar con los civiles. El almirante tiene que saber lo que dice y por qué lo dice. Ahora bien, y dada la situación que se vive, no es ocioso decir que tiempo es de que los militares se entrenen debidamente para bregar con los civiles, para realizar patrullajes conjuntamente con la Policía, pero que eso se haga en forma ordenada, en forma que persiga a los delincuentes pero que proteja a la ciudadanía…q Vale recordar que el presidente Joaquín Balaguer, en distintas ocasiones, lanzó a los militares a las calles y los resultados no fueron del todo satisfactorios, ni para los propios militares ni para la ciudadanía. En huelgas de los recogedores de basura y ante la acumulación de desperdicios en la capital, el hábil presidente soltó a los militares a recogerlos, con el evidente disgusto de quienes eran usados en esas labores quienes callaban por el miedo que inspiraba el callado estadista y su cúpula uniformada. Cuando el dictador Anastacio Somoza hijo visitó el país, los militares fueron encargados del patrullaje y fue con violencia que reprimieron las protestas por la presencia del nicaragüense. El propio Balaguer manifestó una vez que los militares, cuando tienen un par de días en labores de patrullaje se convierten en seres irritables por cualquier cosa, que tiran “por cualquier bobería”. En 1984, al concluir la Semana Santa, el presidente se vio obligado a usar a los militares en las calles, cuando los desórdenes provocados por los convenios con el Fondo Monetario Internacional se hicieron indominables para la Policía, aunque se trató, en verdad, de un movimiento político contra el gobierno de la época. Centenares de dominicanos cayeron abatidos a tiros y a Jorge Blanco se le ha acusado siempre por esa carnicería. Hay quienes, sin embargo, sostienen que si el presidente no hubiera dictado esas medidas, su gobierno hubiera sido derrocado….  Detener el delito se ha hecho más difícil porque el mismo se ha incubado y desarrollado, también, en la propia Policía Nacional. A todos los niveles. Desde el agente que forma parte de una banda de atracadores, hasta el oficial que, internamente, se ha enriquecido con operaciones violatorias de la ley. Todo eso ha despojado de fuerza moral a una Policía también carente de recursos modernos para combatir el crimen. Y la hora de la retórica barata ha pasado. La justicia ha jugado su parte importante. Y no me digan que eso se debe a la existencia de un nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué decir de los delincuentes con ocho y nueve expedientes por robos y asesinatos, antes de la existencia del Código, que disfrutaban de libertad y podían delinquir de nuevo? Cabe esperar que el presidente Fernández se encuentre consciente de la situación de inseguridad existente y dedique cuantos esfuerzos y recursos sean necesarios para reforzar la autoridad pública, dotarla de los medios modernos para combatir el delito. Y entre esos medios, Magino querido, puede que ya sea tiempo de crear en este país —que me perdonen los antigringos de todo cuanto provenga del Norte abusador— una especie de FBI o policía técnica judicial, con profesionales bien pagados, que puedan realizar una auténtica labor de inteligencia preventiva.