El Consejo para la Defensa de los Derechos del Comercio (Codeco) respaldó ayer la propuesta del ministro de Agricultura, Ángel Estévez, de que el Gobierno haga compras masivas de leche a los ganaderos del país para fortalecer los programas estatales de asistencia social y así salvar a ese sector de la crisis que enfrenta por la falta de mercados.
Amado Díaz, coordinador de la entidad, afirmó que la propuesta de Estévez refleja el interés de buscar solución a los problemas denunciados por la Asociación Nacional de Productores de Leche (Aproleche).
Empero lamentó que algunos dirigentes del sector ganadero rechacen una salida negociada con las autoridades gubernamentales. “Proponemos la negociación franca y constructiva, que permita llevar los excedentes lácteos a las raciones militares, penitenciarias, los Comedores Económicos, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y otros programas asistenciales del Gobierno”, precisó.
Consideró que pedir la prohibición de las importaciones de quesos, leche en polvo o líquida, bajo el pretexto de la ruina de los ganaderos dominicanos es admitir la incompetencia técnica, industrial y comercial, de ese sector.
Aseguró que esa posición atenta contra la aplicación en el país del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Dr-Cafta) del cual Aproleche es compromisario. “Demandar la suspensión de las importaciones de leche y sus derivados es apartarse de sus responsabilidades y compromisos sociales con sus afiliados, con la sociedad y con la población”, afirmó Díaz, refiriéndose a Aproleche.
Aseguró que la entidad que agrupa a los productores de leche participó en todas las discusiones y conciertos previos a la firma del Dr-Cafta y consideró que ese sector “jamás debería esconder sus deficiencias productivas escandalizando ese acuerdo internacional”.
Dijo que “culpar al Dr-Cafta de la insolvencia técnica, sanitaria y productiva del sector lechero es una prosopopeya ganadera”. Atribuyó la crisis del sector ganadero nacional a enfermedades que afectan al ganado, la tuberculosis y la brucelosis, así como a la supuesta incapacidad de ese sector en aplicar la reconversión de activos y de sus infraestructuras sanitarias.