El Senado convirtió anoche en ley el proyecto de Código Penal, que castiga el aborto con penas de dos a tres años de prisión cuando es practicado por parteras, “brujas” y otras personas no profesionales y con cuatro a 10 años a los médicos, farmacéuticos y otros entendidos.
La ley eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
El pleno senatorial también convirtió en ley el proyecto que autoriza al Banco de Reservas a prestar hasta RD$1,200 millones a los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados y autónomos, las empresas no financieras y las instituciones de la Seguridad Social para el pago de la regalía pascual a sus empleados.
El Senado también declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones el proyecto de reforma al Presupuesto General del Estado de este año, por un monto de RD$10,953.8 millones.
El proyecto de Código Penal, sancionado tal y como lo aprobó la Cámara de Diputados, dispone que el aborto en sentido general será tratado en una ley especial futura, conforme a una enmienda que, en su oportunidad, sometió el diputado Víctor -Ito- Bisonó, en atención a una solicitud de las iglesias, especialmente la Católica.
El senador Julio César Valentín favoreció la interrupción del embarazo en los casos de violación, entre otras causales, pero fue rebatido por el presidente de la comisión de Justicia, Arístides Victoria; el vocero peledeísta Rubén Darío Cruz Ubiera y el también oficialista José Rafael Vargas.
Victoria Yeb sostuvo que una ley no puede disponer que a un ser humano ya concebido se le pueda arrancar la vida.
Recordó que el artículo 37 de la Constitución establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
Sostuvo que no se puede cometer un crimen contra una criatura cuando al violador no se le puede aplicar la pena de muerte.
La iniciativa fue aprobada en primera lectura por 19 de los 20 senadores presentes y, en segunda, por todos.
Reformas al Presupuesto. Los senadores José Paliza y Santiago Zorrilla, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como José Hazim, del Reformista Social Cristiano (PRSC), se opusieron al proyecto de reforma al Presupuesto de este año: Entre otras razones, Paliza alegó que aprobarlo sería legalizar lo que se gastó, por lo que pidió que volviera a estudio.
Tanto Paliza como Hazim alegaron que US$100 millones contenidos en el proyecto eran un préstamo, lo que negaron Dionis Sánchez y Rafael Calderón, quienes dijeron que eran parte de los US$600 millones de bonos para la Central Termoeléctrica Punta Catalina.