La izquierda radical y la derecha conservadora se medirán mañana en un inédito primer duelo por la presidencia de Colombia. Dos asuntos clave entrarán en juego: un pacto de paz por cumplir y la tormentosa relación con Venezuela.
Terminado el conflicto de medio siglo con las FARC, la guerrilla que históricamente marcó la pugna electoral, la cuarta economía latinoamericana acudirá polarizada a las urnas con un renovado menú de preocupaciones. La corrupción, la desaceleración económica, la salud y el repunte del narco, que castiga las fronteras con Venezuela y Ecuador, inquietan a los colombianos. Ninguna encuesta anticipa una definición en primera vuelta y si no fallan, habrá que esperar hasta el 17 de junio para conocer al futuro gobernante.

Por primera vez la izquierda antisistema le disputa el poder a la derecha, tras una campaña saturada de debates y proselitismo en redes. La abstención, que ha rondado 50%, podría volver a ser protagonista.
Son 6 candidatos pero 2 los favoritos. El más opcionado es el derechista Iván Duque, un senador de 41 años, sin mayor recorrido político, pero con un respaldo de peso: el del expresidente Álvaro Uribe, el legislador más votado en marzo.
En las preferencias le sigue, con diferencia de 10 puntos, Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de 58 años, que promete una batería de reformas. Detrás se ubican el independiente de centro Sergio Fajardo y el exvicepresidente Germán Vargas. El exnegociador de paz con las FARC Humberto de la Calle, aparece rezagado. El evangélico Jorge Trujillo no supera el margen de error.
Duque y Petro
Opositores ambos, Duque y Petro son la expresión de un país dividido. «Esta polarización empezó antes, en el plebiscito de 2016 para refrendar los acuerdos de paz», señala Juan Carlos Rodríguez, del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes.
Aunque el No se impuso en el plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos sacó adelante el convenio que desarmó el año pasado a unos 7.000 combatientes, pero aún falta por implementar el sistema de justicia que garantiza verdad y reparación a millones de víctimas.
Duque quiere modificar el acuerdo que ha evitado 3.000 muertes al año, para impedir que los rebeldes implicados en delitos atroces ejerzan la política, mientras Petro asegura que honrará los compromisos.