La Ley General de Salud y la que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, pretendían modificar el enfoque y preservación de la salud pública en la República Dominicana. Sin embargo, a 13 años de su promulgación, nuestros gobernantes mantienen una visión tubular y vergonzosamente corrupta, con prácticas y manejo de los problemas como si esas leyes no existieran y el estilo del extinto presidente Balaguer fuera la norma.

He comentado en varias ocasiones que los funcionarios del balaguerato eran enterados de morbilidades y mortalidades debidas a brotes epidémicos o enfermedades infecto-contagiosas y recibían órdenes de visitar esas comunidades para combatir las crisis con la construcción de otro hospital, en vez de establecer un programa eficiente y continuo de vacunación que le costaría infinitamente menos que una obra cuyo propósito era eternizar la figura del presidente y proclamar en campañas electorales: ¡Esto lo hizo Balaguer!

En muchos de nuestros hospitales las quejas son retrasos en las subvenciones, deudas multimillonarias a los suplidores, falta de equipos o reparación de los existentes, necesidad de personal médico o auxiliar y recursos para poder ofrecer atención a enfermedades de alto costo. Dos ejemplos emblemáticos: Primero, el hospital Robert Reid Cabral, donde una visita de la vicepresidenta y el ministro de Salud Pública dejó como resultado la orden de construir dos edificios y, segundo, la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, ancestralmente sobre-demandada, donde el hacinamiento hace caótica la oferta de servicios y se ha priorizado la reconstrucción de las verjas exteriores en una demostración de la aberrante costumbre de gobernar para favorecer a un grupito de ingenieros y contratistas, en contubernio con funcionarios de todos los niveles.