Desde hace tiempo dirigentes comunitarios y organismos de derechos humanos vienen denunciando, de manera recurrente,  que agentes de la DNCD y la Policía plantan drogas a los jóvenes  de los barrios para extorsionar a sus familiares, lo que junto al peaje que cobran a dueños de puntos de drogas  constituyen un ingreso extra nada despreciable  que explica porqué se ha convertido  en una práctica institucionalizada  difícil de erradicar. El apresamiento, en Moca, de Juan Comprés,  El Peregrino, demuestra que también puede ser un arma política, como la granada fragmentaria y la pistola con la numeración limada (siempre las mismas) que en los Doce Años sirvieron para  sacar  de circulación a tantos desafectos. ¿De eso es que se trata todo esto? ¿De un intento desesperado (solo la desesperación puede urdir semejante chapuza) por desacreditar al  Movimiento Verde? El video que circula en las redes sociales, en el que se ve a un miembro de la Policía lanzar hacia el interior del vehículo de Comprés una bolsa con una sustancia blanca  que resultó ser cocaína, confirma esa sospecha, como también la confirma el informe del Inacif que certificó que el detenido  presenta “hematomas múltiples por traumas contusos” que sufrió bajo custodia policial. ¿Para convencerlo de que confiese? Plantar drogas a los jóvenes de los sectores más empobrecidos es una práctica repudiable que, no obstante, es tolerada por una buena parte de la sociedad, aquella que vive de espaldas a lo que ocurre “allá en los barrios” porque cree, ingenuamente, que ese no es su problema. Pero cometeríamos un gran error si aceptamos, con la misma indiferencia y pasividad, que el Gobierno  también la convierta en un arma política, como la granada  fragmentaria y la pistola (perdonen que insista) con las que encarcelaron a tantos izquierdistas durante  los  Doce Años, para  silenciar a los dirigentes de la Marcha Verde y su reclamo de que se ponga fin a la corrupción y la impunidad.