Hoy 
POR ADOLFO MARTÍ GUTIÉRREZ
Sociedades modernas de hoy exigen de manera legal que los gobiernos puedan limitar la evolución que puedan experimentar los niveles de un gasto público. Las leyes para el gasto público pretenden lograr la deseada estabilidad presupuestaria de un gobierno, con el propósito que establecer que todas las administraciones públicas estén obligadas por ley a liquidar sin déficit sus respectivos presupuestos.
El alcance de estas leyes se percibe como buena noticia y denota el progreso que ha experimentado la idea de que el déficit público es perjudicial. Hubo un tiempo en el que los analistas proclamaban la bondad de un déficit para favorecer el crecimiento de la economía y para cubrir un gasto social que se suponía beneficiaba a la población. Poco a poco, ha ido ganando terreno la opinión contraria, y hoy, prácticamente todos, políticos y economistas, piensan que para haya un crecimiento equilibrado y duradero hay que evitar el déficit, fuente del creciente endeudamiento público y germen de la inflación.
La aprobación de una ley que pueda limitar el gasto público de un país puede ser considerada beneficiosa porque obligaría a los gobernantes, sean del partido que sean, a equilibrar los presupuestos. Y esto será beneficioso porque, perdida la soberanía monetaria, el equilibrio presupuestario es casi el único instrumento que nos queda para que un país vaya aumentando su nivel de convergencia real con sus socios comerciales. Siempre, naturalmente, que para lograr el equilibrio, no se recurra a los artificios contables que, en el pasado, han desvirtuado la clara rendición de cuentas a que todo Gobierno debería estar obligado.
EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Cuando un país ha logrado el déficit cero, no son pocos los que piensan que hay que liquidar los presupuestos con superávit. A este respecto parece necesario advertir que el superávit no es, en sí mismo, un objetivo deseable, porque su aparición, por lo general, demuestra que se han obtenido más ingresos de los necesarios para cubrir el gasto. Pero aun así, que la prácticamente totalidad de los ingresos de una administración pública proceda de la exacción de impuestos que gravan la economía privada, no hace más que privar a los ciudadanos de una parte de su renta. Es evidente que cuando una economía presenta un fuerte endeudamiento público, la presencia de un superávit fiscal sólo debe destinarse a reducir la deuda, para reparar el daño que hicieron los déficit anteriores. Salvado este supuesto, cuando aparece superávit en las finanzas publicas, lo que hay que hacer no es ver en qué puede gastarse ese excedente, sino en reducir el nivel de los impuestos.
Por otra parte, no hay que olvidar que el déficit, diferencia entre los gastos y los ingresos presupuestarios, puede reducirse y finalmente anularse por dos caminos distintos: disminuyendo el gasto o aumentando los ingresos. Para muchos, está claro que el primer camino es el «bueno». En efecto, si se parte del propósito de equilibrar el presupuesto, reducir el gasto supone poder reducir los impuestos, lo cual tiene enormes ventajas para la mejora del nivel de renta de los ciudadanos, para fomentar la creatividad empresarial y para atraer la inversión extranjera.
LA LIMITACIÓN LEGAL DEL GASTO
Pero no solo es importante reducir la evolución del gasto público en una economía, sino controlarlo. Una ley que limite el gasto público representa la mejor forma práctica de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país. Una ley de este tipo cambia el desempeño de todos los gobernantes y funcionarios, pues pasan a tener que obedecer normas y límites para la administración de las finanzas, rindiendo cuentas sobre cómo y cómo gastan los recursos de la sociedad. La ley debería ser establecida en forma indefinida, y no a un plazo determinado, conteniendo un sistema sencillo de alertas y correctivos, de manera tal que cuando los indicadores seleccionados señalen la posibilidad de incumplimiento, se deban imponer en forma automática restricciones severas al gasto o al endeudamiento. Sería deseable además que hubiera una entidad autónoma, aunque vigilada por el Congreso, que se encargue de hacerle seguimiento a la ley. La gestión del gasto público contribuiría por tanto a generar estabilidad acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento del país en el largo plazo.
Por ello, la aprobación de una ley que, en vez de fijar la obligatoriedad del equilibrio presupuestario, limitara a un determinado porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) el gasto, incluido el necesario para la reducción progresiva de la deuda hasta su total extinción, podría considerarse un paso importante de avance en el ajuste del papel del Estado en la economía. Este seguimiento de la deuda pública es importante porque la evolución de la deuda debería considerarse como el mejor detector que señala la presencia de un déficit público. El aumento anual de la deuda, en términos absolutos, refleja la verdadera magnitud de la presencia de un problema fiscal, de la misma forma que su reducción denota un superávit. Por otra parte, la ley debería establecer la prohibición de recaudar impuestos por encima de los necesarios para cubrir el gasto necesario. Es decir, no gastar lo recaudado, sino recaudar lo que es necesario gastar.
La pregunta que, sin duda, se hacen muchos es cuál debe ser el límite del gasto, que, una vez fijado el porcentaje, sólo podría aumentar en la misma proporción que el PIB. Una idea de inicio podría partir de considerar cuál debe ser el peso del gasto público en la economía del país para que la iniciativa privada pueda desarrollarse creando empresas, trabajo, riqueza y bienestar. Y no hay mejor forma práctica de hacerlo que analizando la tendencia que muestra el ciclo económico. La idea se ancla en lo que sucede en varios países que, fijando sus niveles de gasto y deuda pública con respecto al PIB, logran en forma satisfactoria los objetivos deseados.
Según datos del Banco Central, el gasto público del Gobierno Central en la República Dominicana Públicas, en 2004 representó el 14.0% del PIB. Este porcentaje comparado con el 16.7% de 2002 y el 16.1% que se alcanzó en 2001, supone una gran mejora. Pero téngase en cuenta que el gasto creció en promedio en 21.6% en la década de los 80s (13.2% del PIB) y en 20.4% en la de los 90s (14.4% del PIB). Sin embargo, cuando a partir del año 2000 el promedio indicaba que el gasto crecía cerca de un 9%, en el año 2004 el gasto público creció en 47.1%, pero manteniéndose en la fracción promedio acorde con respecto a la producción nacional. Esto permite afirmar que la deseable reducción del gasto público por la que debería abocarse por ley podría establecer en forma escalonada la reducción deseada del gasto del gobierno hasta llegar al nivel adecuado entre el 10% o el 14% del PIB. Si bien no es tarea de un día, deberíamos comenzar a considerar que la limitación del gasto es un objetivo posible, aunque no extrañaría que muchos, en méritos al socorrido «políticamente correcto», lo consideren inalcanzable.
Las afirmaciones anteriores se basan en un somero análisis del presupuesto para el año 2005. El equilibrio se logra gracias al fuerte, y no sabemos si demasiado optimista, crecimiento de los ingresos y no por una clara contención del gasto, tanto el de inversión como el llamado presupuesto social, donde se aprecian crecimientos nada justificables en la presente fase de la economía. Que no haya voluntad política de atacar decididamente el gasto, no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer en inversión, porque hay suficiente capacidad y deseo de la iniciativa privada para desarrollar las infraestructuras y las innovaciones tecnológicas. Y se puede hacer, en forma sustancial, en pensiones, empleo, educación, y sanidad, pasando a un sistema de administración privada y de capitalización; abandonando los sistemas de protección y subsidios que en realidad desincentivan la creación de puestos de trabajo y fomentan el desempleo subvencionado; privatizando todo lo que todavía pende del Estado; dejando de financiar los centros educativos y sanitarios, para financiar a los usuarios mediante cheques escolares y de salud progresivos, es decir, calculados según el nivel de renta, para que cada uno los utilice en pago total o parcial del centro elegido; y un montón de cosas más en el mismo sentido.
Todo esto es posible porque descargado el gasto y trazando metas impositivas potenciales en función al crecimiento económico que experimente la economía nacional, aumentando la capacidad de los ciudadanos para atender, por sí mismos, sus necesidades. Por otra parte, tanto los gestores de fondos de la sociedad como los centros educativos y de salud, dejados a la competencia, mejorarían la relación calidad-costo, y sus prestaciones resultarían económicamente más accesibles. En el bien entendido de que esta reducción del gasto, basada en la revisión y racionalización de cada una de las asignaciones presupuestarias, habría de proyectar un sendero de crecimiento sostenible para las futuras generaciones permitiendo un crecimiento natural en el aumento del gasto destinado a atender las relaciones con el exterior, la defensa del territorio, el orden público y la administración de la justicia.
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El autor es economista y profesor universitario.
