Cómo salir del atolladero

Tan pronto fue publicada la aberrante sentencia 168/13 del TC, las voces más sensatas del país advirtieron que la intención de despojar de su nacionalidad a centenas de miles de ciudadanos, contenida en la sentencia de referencia, constituía un acto de violación de derechos humanos absolutamente intolerable para la comunidad internacional. Vemos hoy cómo el Gobierno del presidente Medina está gastando todo su tiempo y energía en dar explicación y respuesta a esa comunidad.

La cuestión es, tal como se le advirtió a este Gobierno, por su contenido violatorio del principio de retroactividad de las leyes, aviesamente racista y xenófoba, negadora de derechos adquiridos y porque es absolutamente impracticable, la TC 168/13 iba a causar una profunda crisis política, legal e institucional de la cual el Presidente no podía sustraerse, como tampoco el ex presidente Fernández que con Medina comparte el liderazgo del partido de Gobierno.

El uno como el otro saben bien para nuestro país, en materia de derechos humanos la máxima instancia legal/institucional no es el TC, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otras materias, las decisiones del TC son formalmente definitivas e inapelables, pero no así cuando se refiere a contenciosos relativos a derechos humanos.

Por eso, ambos están compelidos a buscar una fórmula para enfrentar una crisis que no sólo causa profundas fracturas sociales y políticas en la sociedad dominicana, sino que está contribuyendo al deterioro de la imagen del país a nivel internacional y haciéndonos retroceder en términos de inserción en organismos de integración para la cooperación y el desarrollo. Quizás más que Medina, por su experiencia y vocación, Fernández es más sensible y consciente de esta circunstancia, pero es aquel quien debe estar más interesado en una salida. En definitiva él y no Fernández es el Presidente.

Pero, ambos deben tener la suficiente responsabilidad de enfrentar a los principales animadores de la sentencia: el grupo de ultranacionalistas del cual por acción u omisión se han convertido en rehenes arrastrando con ellos al Estado Dominicano. Un grupo que mantiene vivos los viejos prejuicios racistas y xenófobos que desde la época colonial han sostenido algunos intelectuales dominicanos, cuya esencia recoge la TC168/13. Ese grupo y sus seguidores mantienen un discurso simplista y de terror y miedo, que es el discurso del populismo xenofóbico/racista en todo el mundo. Allí reside el nudo gordiano de la crisis.

Presionado por ese grupo, el Gobierno y en primer lugar el Presidente no salen de la ambigüedad, no logran separar el tema de la necesaria regulación de las migraciones del tema de los derechos humanos, ni entender que desnacionalizar a casi doscientos mil personas, para luego “darle la oportunidad de readquirirla” constituye un cinismo o una burla a la inteligencia que la CIDH no se va a tragar. Porque esta sabe que esa ambigüedad se debe a la condición de rehén en que ese grupo mantiene el Estado Dominicano, que es otro de los aspectos políticos que determinan una sentencia absurda, a la cual el jefe del Estado debe encontrar una salida de compromiso.

De eso dependerá el futuro inmediato del país, del Gobierno y del Presidente.

Que lo tenga claro.

 


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