La Fundación Acción Verde atribuyó los daños en el Parque Nacional Sierra de Baoruco a una complicidad histórica entre funcionarios del Gobierno, legisladores, autoridades municipales, sectores políticos y económicos de mucho poder que “han hecho inversiones millonarias en esas tierras para producir en suelos que son regados por las nubes que atrae el valioso bosque que ellos mismos están destruyendo”.
Advirtió que de no parar la situación de deforestación, no habrá agua para la población de esa región ni para el turismo que se quiere desarrollar en la provincia de Pedernales.
Recordó que desde hace mucho tiempo, ambientalistas de la zona e instituciones de mucho prestigio han alertado sobre el daño irreversible a los bosques nublados y muy húmedos de Sierra de Baoruco, que es talado para plantar esencialmente aguacates, papas y cebollas y para carbón.
“En la medida que se degradan sus bosques, merma el agua que debe ir a la cuenca de los ríos que nacen allí, como El Mulito”, explica la entidad ambientalista.
Señala que esos cultivos no solo se llevan por delante los bosques que captan la “lluvia horizontal” que se produce en las alturas, sino que consumen mucho más de esa agua que debería ir al subsuelo y a los ríos.
Apunta que aunque en la parte del “balneario” el río aún tiene algo de agua, varios de sus afluentes (tributarios del río Pedernales, a donde va también El Mulito) hoy día no tienen nada de agua a lo largo de varios kilómetros.

Valores. La entidad ambientalista destaca que además de los valores ecosistémicos y biológicos, la gente que vive en los pueblos fronterizos dependen de las aguas de Sierra de Baoruco.

Estima que que si no se actúa rápido es probable que por un tiempo sigan haciéndose ricos los grandes productores establecidos en la sierra, y después “quizás entonces, los que queden, abandonarán la zona o morirán de sed”.
Las autoridades han querido minimizar la denuncia de deforestación en la zona y el bajo caudal de agua.

LA CLAVE

DR-Cafta
En 2016 SOS Ambiente llevó ante el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta) la denuncia de cultivos ilegales de aguacates en la zona. Posteriormente la retiró ante las promesas de solución del entonces Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, quien emitió una resolución «cese de todas las actividades agrícolas y ganaderas”. Acción Verde apunta que lejos de ejecutarse esta disposición, ahora se ha permitido más cultivos.