El cumplimiento cabal de las resoluciones de corto plazo aprobadas en la Cumbre por la Unidad Nacional Frente a la Crisis Económica Mundial, ataría de pies y manos al gobierno en sus planes y proyectos y cambiaría sustancialmente las prioridades establecidas en la Ley de Gastos Públicos correspondiente a este año.

Y es que en el plano macaroeconómico las medidas buscan la reducción y reorientación del gasto público, un mayor sacrificio fiscal del gobierno a favor del capital privado, mayor acceso a financiamiento del sector productivo, especialmente la agropecuaria y las pequeñas y medianas empresas, la reducción de trámites burocráticos y apoyo a la exportación.

Una gran parte de las reclamadas medidas están ya en ejecución, como las disposiciones de las autoridades monetarias para bajar las tasas de interés y flexibilizar algunas de las normas prudenciales que rigen a la banca local.

Los efectos políticos de algunos reclamos podrían ser importantes para el gobierno si decide aplicarlos, como es el caso de la reducción de la nómina pública, aprobada por consenso, junto a otra propuesta que exige aumentar la calidad y de los servicios de las distintas instituciones.

Tanto el presidente Leonel Fernández como el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, jefe de la comisión que se ocupó de montar la Cumbre, han reiterado en más de una ocasión su disposición a cumplir con las propuestas aprobadas, y consideradas viables para aplicarse durante este año.

Para cumplirlas se requiere de entre 18 a 26 mil millones de pesos, según la cuantificación hecha por los funcionarios participantes en la Cumbre, de los cuales ya se gestionan préstamos internacionales por unos 300 millones de dólares.

El resto deberá obtenerse mediante reasignaciones y ahorros del deficitario Presupuesto 2009.

De las propuestas presentadas y discutidas por los participantes en la Mesa de Macroeconomía, los principales compromisos de corto plazo asumidos por el gobierno dominicano son los siguientes:

Modificar la composición del gasto público y aumentar significativamente su eficiencia y transparencia

– Transparentar el gasto público en todos sus componentes, y publicar oportunamente el gasto según su clasificación y sus distintos componentes.

– Establecer un sistema de concesiones para las inversiones en infraestructura física que requiere el país.

– Cumplir con el aporte anual establecido en la Ley de Recapitalización del Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal.

– Lograr un superávit primario en las cuentas fiscales que haga posible una política monetaria menos restrictiva, mediante la reducción del gasto y la mejoría de las recaudaciones.

– Aumentar la calidad de los servicios en las instituciones del Gobierno.

– Realizar un estudio para determinar las necesidades reales de personal del Estado para disminuir la nómina pública.

– Promover la actividad económica del sector privado y mantener la estabilidad de precios de la economía

– Revisar las cargas impositivas, a fin de reducir o eliminar algunos impuestos, aumentar las exenciones fiscales para aumentar el ingreso disponible de las personas y empresas.

-Deducir del Impuesto Sobre la Renta para las personas físicas el pago de los intereses de los préstamos para adquisición de la primera vivienda.

– Eliminar el impuesto del 1% a los activos fijos de las empresas.

– Presentar el ITBIS a los 50 días del mes vencido, para mejorar el flujo de caja de las empresas sin afectar las recaudaciones del fisco.

– Modificar ley que exige reinscribir la garantía hipotecaria para poder transferir la garantía de una institución bancaria a otra sin incurrir en el doble pago del impuesto.

Mejorar el acceso a financiamiento y competitividad de las PYMES

– Poner a funcionar la Ley Marco de las MIPYMES,.

– Priorizar un plan de capacitación y Asesorías para las mipymes.

– Cumplir con las disposiciones en la Ley de Crédito Público En cumplimiento

Disminuir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

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El turismo

En este sector se discutieron varias propuestas dirigidas a incentivar y mejorar su competitividad. Entre las aprobadas figura:

– Reducción del impuesto al combustible de aviones. Medida legislativa.

– Aumento presupuesto promoción turística.

– Plan de inversión en infraestructura vial alrededor del sector.

– Eliminación del impuesto selectivo sobre insumos del sector hotelero (acondicionadores de aire, televisores, cristalería).

– Exoneración de los detectores de presencia que contribuyen a bajar el consumo de energía.

Las monetarias

Los participantes en la Cumbre manifestaron mucho interés en que el gobierno adopte las medidas que sean necesarias para asegurar la estabilidad. Entre otros puntos, aprobaron de concenso:

– «Disipar las amenazas deficitarias de la Balanza de Pagos: El encarar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en la presente coyuntura internacional, que puede hacer más reservada la Inversión Extranjera Directa, debe conllevar el fomento de la producción agrícola e industrial nacional, para exportar más e importar menos. Por lo que debe darse respuesta sobre como:

i) Aumentar las disponibilidades de recursos crediticios para la agricultura y la industria, los cuales apenas alcanzan el 5% del total de préstamos otorgados por la banca múltiple,

ii) Proseguir con la reducción de la tasa de interés;

iii) Cumplir la promesa presidencial sobre los incentivos fiscales a la agropecuaria,

iv) Redefinición de normas prudenciales,

iv) Mayor orientación del gasto público a infraestructura de producción,

v) Mejorar y abaratar el servicio eléctrico mediante el cumplimiento de leyes vigentes en el mercado eléctrico;

vi) Programas de siembra directas,

vii) Divulgación y promoción de los incentivos de Proindustria,

viii) Vigilancia en la implementación de los acuerdos comerciales.»

– Convertir el acuerdo de vigilancia con el FMI en stand-by

– Creación de Ventanilla Única para la Inversión.

– Aplicación de las Leyes de Competencia y Prácticas Desleales de Comercio

– Simplificación de trámites y unificación de la política pública de exportación.