Comité Lucha Los Tres Brazos reclama PGR acción penal

Protesta comunitarios los tres brazos. Fuentee externa 14/09/2017
Protesta comunitarios los tres brazos. Fuentee externa 14/09/2017

El Comité de Lucha por la Defensa de los Tres Brazos reclamó ayer al procurador general, Jean Rodríguez, el sometimiento a la justicia del exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, y de todos los demás implicados en la estafa de que fueron objeto con el intento de venta del barrio.
Le exigieron asumir su responsabilidad con transparencia y determinación, para que el caso no quede impune.
Decenas de residentes en el populoso sector capitalino que acudieron ayer a la Procuraduría General demandaron además a las autoridades competentes iniciar la titulación de los terreros que ocupan desde hace muchos años.
Milcíades Gerardo y Elpidio Vásquez, voceros de los comunitarios, se quejaron de que hace nueve meses que la comisión designada por el Presidente de la República determinó que la venta del citado inmueble fue hecha ignorando disposiciones constitucionales y legales.
Indicaron que ese mismo tiempo hace también de que la Procuraduría General interrogó en dos ocasiones y por más de 20 horas al exdirector de CORDE, y todavía no se ha actuado en consecuencia contra nadie.
“La Justicia tiene que aplicarse respetando el debido proceso, pero siempre en función del interés público, de manera que los culpables paguen por el daño causado a la sociedad y a las familias de Los Tres Brazos, en particular”, dijeron.
Advirtieron a las autoridades que su demanda por la titulación “es inseparable” de la demanda de sometimiento y condena de todos los que se asociaron para estafarlos, entre los que incluyen, además de Almánzar, a los señores Inés Gómez y José de Pol Dominici.

Recordaron que en el informe que rindió el pasado 27 de enero la comisión que designó el presidente Danilo Medina para investigar el caso, afirmó que el procedimiento de CORDE para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado dominicano.
Recomendó al Estado no reconocer las ventas y demandar la nulidad de las mismas, así como garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado.