El Estado tiene políticas específicas para tratar de disminuir la mortalidad materna como secuela del embarazo y el parto. Es un deber insoslayable proteger a la mujer que está enfrentada a las contingencias de la procreación. No creemos que haya pautas, jurídicas o de cualquier otra índole, que penalicen aspectos del ejercicio científico de esa protección. Sin embargo, el Congreso ha aprobado un Código Penal que contiene una prohibición tajante del aborto, y promulgarlo tal cual crearía esa pauta fatal que condenaría muchas mujeres a la muerte. Procedía observarlo.
Cada día crece el coro de voces que aconsejaban al Poder Ejecutivo observar, como acaba de hacer, la parte del Código Penal que le arrebata a la mujer el derecho de interrumpir un embarazo en circunstancias en que su vida corre peligro clínicamente demostrado, o cuando la preñez sea el resultado de una violación, incesto o cualquier otra práctica contra su voluntad. Si hablamos de lucha contra la mortalidad materna, necesariamente tendremos que quebrar esa rigidez inhumana, inaceptable.
La preservación de la vida no puede estar atada a posiciones dogmáticas, que desconozcan el rigor científico. El pretendido Código Penal contiene una cláusula que lleva implícita una condena a muerte para la mujer que esté en riesgo inminente por causa de un embarazo. Hay que legislar para la vida.

Por el trillo que marca la ley

Los transportistas se gastaron buen tiempo acudiendo a las audiencias del Tribunal Superior Administrativo, esperanzados en que serían favorecidos por el fallo del Recurso de Amparo interpuesto por el CONEP contra el monopolio del transporte. Pero no fueron favorecidos, y entonces hablaron de seguir el trillo que marca la ley, recurriendo esa sentencia en una instancia más elevada.
Amenazar con “lucha” a partir de enero huele a bravata, a amenaza de desorden y trastorno de un servicio de transporte de por sí muy malo. Ya otras veces los transportistas han recurrido al método de la fuerza en perjuicio del ciudadano. La ley pone a disposición de todos recursos para combatir sentencias que no nos favorezcan. Las circunstancias aconsejan sensatez, y seguir el trillo que marca la ley.