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POR TANIA HIDALGO
El juez Víctor Martínez, de la Tercera Sala Penal del Distrito Nacional, condenó ayer a 30 años de prisión a dos individuos por el secuestro y asesinato del abogado y asesor financiero Rafael Orlando Batista Fernández en junio de 2001.
Además los condenados Elvin José Guillén Jorge (Andry) y Joan Santos Fabián deberán pagar RD$5 millones de indemnización a los familiares de Batista Fernández por los daños económicos y morales ocasionados.
En la sentencia 13220-200, el juez Martínez descargó al ex militar Luis Alfredo Núñez Agramonte. En cambio, Guillén Jorge y Santos Fabián fueron declarados culpables de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 341 y 344 del Código Penal.
Batista Fernández, abogado de 58 años, fue secuestrado el 25 de junio de 2001 cuando se dirigía en su vehículo, una jeepeta de la marcha Mitsubishi, a la empresa Avelino Abreu. Fue encontrado muerto tres días después a unos 100 metros del río Guanuma, Monte Plata.
En un considerando, el juez indica que hay evidencias para llegar a la conclusión de que se trató de un crimen fríamente calculado y que tan pronto la víctima fue retenida por su captores su muerte estaba decidida.
Agregó que Santos Fabián acudió dos veces a la oficina de Batista Fernández para reclamar dinero sobre una supuesta hipoteca de sobre un terreno inexistente. Agregó el juez que revelaciones vertidas en el plenario por personas que conocieron a la víctima y a uno de sus asesinos, sirven para comprender que el móvil del hecho estuvo basado en una litis judicial entre Batista Hernández y Guillén Jorge.
«Elvin José Guillén, amparándose en un certificado de titulo de propiedad de unos terrenos ubicados en las proximidades del hipódromo Perla Antillana logró persuadir al ex banquero (Batista Hernández) de negociar una hipoteca, resultando después, que los terrenos eran inexistentes, poniéndose de manifiesto una estafa que suscitó una litis judicial aún no resuelta», estableció la sentencia.
Agregó que como consecuencia de la litis, se emitió una orden de impedimento de salida del país en perjuicio de Guillén Jorge, quien intentó salir para evadir la persecución judicial, siendo detenido por oficiales de migración y apresado, «experiencia desagradable que aparentemente lo hizo concebir el plan macabro».
La parte civil constituida estuvo representada por los abogados Porfirio Jerez y Francisco Toribio.
