De nuevo el sector empresarial ha puesto condiciones en relación con el aumento del salario mínimo no sectorizado, aprobado por el Comité Nacional de Salarios. En la reunión de ayer con el ministro de Trabajo y los representantes de los trabajadores, entre otras condiciones, los empresarios propusieron dividir en dos proporciones iguales el alza del 20%, para aplicar un 10% en lo inmediato y el restante 10% dentro de seis meses. Los gremios rechazaron la oferta y dejaron en manos del Ministerio una decisión al respecto.
La realidad es que -y esto lo saben muy bien los empresarios- la capacidad adquisitiva del salario en el país ha ido en picada desde 2002, en comparación con su capacidad entre 1991 y 1999. Pero la caída del poder de los salarios ha coincidido con una mejora de la productividad de quienes venden su fuerza de trabajo, reflejándose positivamente en los resultados empresariales. Esta situación por sí sola justifica que se produzca un incremento de la paga a los trabajadores.
Si existe interés de actuar con verdadera justicia social, el sector empleador debería retirar la oferta de fraccionar el aumento del 20%. Hay puntos que interesan a los empresarios, como por ejemplo la reclasificación de las empresas, sobre los que los sindicatos dicen estar dispuestos a negociar. El turno ahora es del Ministerio de Trabajo.

Ocultamiento pernicioso

Por motivaciones que no logramos entender, pero que son a todas luces perniciosas, la Policía Nacional ha asumido la práctica del ocultamiento de información a la que, por mandato constitucional y legal, tienen derecho de acceso los ciudadanos. La institución ha dejado de informar a la prensa sobre los actos delictivos y sucesos violentos que se producen en el país, en lo que constituye una inadmisible violación del derecho de acceso a la información pública que deja la impresión de estar asociada a la parquedad que caracteriza a otras instituciones públicas.
Condenamos esta práctica de ocultamiento que debe cesar cuanto antes. Esconder los hechos no mejora los deteriorados niveles de seguridad ciudadana y es un atentado grave contra prerrogativas expresamente protegidas por la democracia.