El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reiteró ayer su posición de que el Pacto Eléctrico establezca que en las actividades de mercado en que actualmente participa el Estado en el área de electricidad opere en las mismas condiciones que rigen para los actores privados y que en en un plazo no mayor de cinco años sean traspasadas al sector privado.
Consideró que el rol principal del Estado deberá ser normativo y sancionador, evitando la multiplicidad de roles que generan distorsiones en el mercado.
En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, encabezado por su presidente Rafael Blanco Canto, Marisol Vicens Bello y Rafael Paz, el Conep dio a conocer sus propuestas para la sostenibilidad y desarrollo del subsector eléctrico, donde establece que las empresas eléctricas de propiedad pública o privada, deben operar en forma autónoma de las decisiones políticas y su gestión debe ser transparente al sector y al país.
Asimismo el Conep plantea que el Pacto Eléctrico debe considerar como prioridad establecer los mecanismos para que se restituya la cadena de pago dentro del sector, de modo que se reduzca el capital de trabajo que incrementa los costos del sistema y desincentiva las inversiones.
En cuanto al marco regulatorio, el Conep sugiere que en un plazo no mayor de tres meses, a partir de la suscripción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, se implementen todas las acciones y normativas necesarias para garantizar el cumplimiento del capítulo III del artículo 103 y siguientes de la Ley General de Electricidad, referentes a los aportes de financiamientos reembolsables. La propuesta del Conep también propone regular la forma como son designados los incumbentes de la Superintendencia de Electricidad y cómo será gestionada la Comisión Nacional de Energía.
En el caso de la administración de la Superintendencia de Electricidad, establece que corresponderá a un consejo integrado por un presidente y dos miembros, designados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado. Los miembros del Consejo no podrán tener conflictos de intereses con propietarios ni empresas eléctricas ni estar vinculados a éstas, dedicarán su tiempo completo a sus funciones y formarán parte del personal de planta de la Superintendencia.
También establece que en un plazo de seis meses se modificará el artículo 32 de la Ley General de Electricidad para que se establezca que los miembros del Consejo durarán hasta seis años en el ejercicio de sus cargos y sólo podrán ser removidos de sus funciones por faltas graves.
Con respecto a la Comisión Nacional de Energía, propone que en un plazo no mayor de seis meses, el nuevo Ministerio de Energía y Minas absorba las funciones de ese organismo, pasando a ser una dirección dentro de ese ministerio.
La propuesta del Conep contempla que la CDEEE limitará sus funciones a la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los productores independientes de electricidad, hasta el vencimiento de los mismos.
“De igual forma, será atribución de la CDEEE, ejercer todas las funciones correspondientes a la titularidad de las acciones en su nombre en las empresas de distribución, hasta su traspaso”.