El Gobierno está en la obligación de adoptar medidas para mitigar los efectos que tienen los crecientes aumentos de los precios del petróleo en los presupuestos familiares y en los costos de producción de nuestras empresas que hacen menos competitiva la economía dominicana. Puede hacerlo por dos vías: congelando la indexación y los impuestos ad-valorem que se le aplican a los combustibles, los cuales hacen aumentar en espiral, cual bola de nieve, sus precios; y segundo dejando de establecer márgenes de comercialización para las empresas que participan en el negocio para que dichos márgenes sean determinados por las propias empresas dentro de las reglas de la competencia que debe caracterizar una economía de libre mercado como se supone que es la dominicana.
El sistema de fijación de precios actualmente vigente magnifica los efectos del incremento del precio del crudo por dos vías: por los impuestos que le aplica el Gobierno en una forma poco convincente, aparentemente guiado para satisfacer sus necesidades de recursos, retozando con dos variables calculadas administrativamente, no precisadas en las leyes, como son la indexación de los componentes tributarios de la estructura de precios y el ad valorem aplicado al precio de paridad de importación. De esta manera, si el precio de los combustibles sube en el exterior, los impuestos a pagar magnifican este aumento aún aplicándole el mismo porcentaje de impuestos. Esto hace que hoy en día se está cobrando casi un 40% de impuestos a la gasolina regular, 25% al gasoil y 10% en el caso del GLP.
Por los márgenes fijos de comercialización y transporte establecidos en las resoluciones de precios que constituyen, que absorben en promedio un 20% del precio final de los combustibles; márgenes fijos que no estimulan la competencia de precios en beneficio de consumidores y brindan cómodas ganancias a las empresas que participan en el negocio.
La situación precedentemente dibujada, perjudica a las familias dominicanas que se ven afectadas por incrementos centrífugos de precios, a las personas que tienen que salir a buscar trabajo teniendo que pagar una suma que no tienen por concepto de transporte y a la competitividad de nuestra economía que tiene que competir con otras economías menos gravadas tributariamente y regidas por mayor competencia de precios.
En consecuencia creemos impostergable que el Gobierno:
1. Congele, a manera de subsidio generalizado sustitutivo de los otros subsidios focalizados vigentes, a favor de toda la población y agentes económicos, sin discriminaciones ni privilegios a favor de personas y gremios particulares, los impuestos a cobrar por los combustibles a los niveles que hoy existen. Esto significa que el componente tributario de la estructura de precios no seguirá incrementándose como hasta ahora. Esta disposición se mantendría mientras siga la tendencia alcista del crudo tomando como referencia los niveles de precios actuales.
Deje fijar márgenes de ganancia a empresas intermediarias del negocio de combustibles las cuales, por el sistema vigente, tienden a incrementarse en la medida que aumentan los precios del crudo. Esto significa dejar los márgenes a la libre competencia que el Gobierno debe garantizar de acuerdo a nuestras disposiciones constitucionales.
Lo anterior conlleva que los precios de los combustibles deberían ser fijados ex-fabrica y no a precios finales para los consumidores.