Consultorio Ecológico

Eleuterio Martínez

P. Profesor, a propósito de los oleajes anormales e impactos sobre las costas de Cabarete y Puerto Plata ¿cuál es el nivel de protección que tienen nuestras costas?

R. La protección del perfil costero o línea de costa es una norma internacionalmente aceptada e implementada por casi todos los países y naciones del mundo que tienen fronteras con mares y océanos, especialmente los estados insulares. En América Latina la mayoría de los países tienen una franja costera protegida de 100 metros, pero nuestro país adoptó solo 60 metros con la Ley 305 de 1968.
Las costas tienen la virtud de vincular los dos ecosistemas más grandes de la Tierra, la frontera entre los dos sistemas vivientes de cuya interacción no puede prescindir la economía ni el desarrollo que actualmente exhibe la civilización que discurre sobre la epidermis del planeta. La República Dominicana, un estado Archipielágico reconocido por ONU, exhibe una sensibilidad ambiental muy especial por la alternancia de costas rocosas y costas arenosas, espacios donde se asientan los pilares de su economía.
Actualmente el 70% de la población dominicana vive en ambientes costeros, en 16 de las 32 provinciasdel lar patrio, incluyendo el Distrito Nacional, por lo que la presión sobre la biodiversidad y los recursos naturales es una constante que es preciso vigilar con atención e intención proactiva para garantizar su sostenibilidad.
Aunque la sostenibilidad nunca pasa de ser una pieza decorativa del discurso político-económico, manoseada por los intereses transversales al desarrollo, requiere que se eleve su verdadero sentido, para que adquiera su verdadero carácter de perdurabilidad y que sus potencialidades no se vean esfumarse entre la bruma que dejan las olas en las costas dominicanas, muy especialmente como ocurrió una vez en Puerto Plata, que amenaza a Cabarete y que, en su nombre, se han cometido todos los pecados ecológicos entre Uvero Alto, Punta Gorda, Cortesito, Bávaro, Cabeza de Toro, Punta Cana y Juanillo, para quedarnos en un solo punto.
El espacio del dominio público no puede ser el lugar donde confluyan todos los intereses de los privilegiados de la fortuna, simplemente se trata de una servidumbre lógica, legítima, aunque no siempre legal, precisamente por los intereses humanos que manejan la naturaleza de todos los dominicanos. Por estas razones saludamos el Acuerdo de Comanejo del Santuario Marino del Sureste entre el Ministerio de Medio Ambiente con hoteleros y organizaciones locales que quieren repartir responsabilidades. ¡Avanzamos…!