Contamos con el marco legal pero falla supervisión

Ramón Nuñez Ramírez

Ningún gobierno ha hecho tanto en materia de lograr un marco legal para mejorar la calidad del gasto y controlar la corrupción como lo han hecho las dos administraciones del PLD, sin embargo las graves irregularidades reveladas por una auditoría de la Cámara de Cuentas a la OMSA nos indica que el marco legal es insuficiente y son necesarias medidas para fortalecer la Contraloría General y la propia Cámara de Cuentas.
Haciendo un poco de historia, en noviembre del 1996, en la primera gestión del Presidente Fernández, se emitió el decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), se obtuvo un financiamiento del BID, siendo aprobado dos años después por un Congreso de mayoría perredeísta, correspondiéndole a la gestión de Hipólito Mejía la tarea de ejecución del programa, sin embargo apenas pudo promulgar la Ley de Contabilidad Gubernamental (Ley 126-01).
En la segunda gestión del Dr. Fernández, se reinició la reforma de la administración fiscal y en el 2005 se aprobó la Ley de Tesorería, en enero del 2006 la Ley de Crédito Público, pero fue necesario obtener una mayoría congresual en 2006 para lograr la aprobación de las leyes de las nuevas Secretarías de Hacienda y Economía, Orgánica de Presupuesto, Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios; Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE) y Control Interno y Contraloría.
Una de las piezas fundamentales de esta reforma lo representa la Ley 5-07 que establece el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). Una herramienta tecnológica clave lo representa el Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF) que permite producir información confiable y a tiempo para la toma de decisiones, y representa un gran apoyo a la ejecución presupuestaria, la gestión de deuda pública, gestión del tesoro y los registros contables de las transacciones.
En la presente gestión del Lic. Danilo Medina se hizo realidad la implementación de la Cuenta Única del Tesoro para prácticamente todas las instituciones del Estado, el presidente decidió establecer el sistema de sorteos para las edificaciones escolares, se han triplicado los proveedores, se han favorecido las mipymes con las compras gubernamentales y se creó la figura de los veedores en varios ministerios e instituciones.
Con la cuenta única de Tesorería se centralizan todos los ingresos y pagos del Gobierno Central, las Instituciones descentralizadas y autónomas no Financieras. La Cuenta Única elimina el manejo discrecional que ciertos Ministerios e instituciones realizan con ingresos captados por ellos, aunque podrán disponer de esos fondos gracias a la apertura de subcuentas cuyos desembolsos se harán en función de una normativa.
Los gobiernos del PLD han hecho los mayores esfuerzos para mejorar la calidad del gasto, lograr una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria, sin embargo la lectura del manejo de los recursos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), en franca violación de la Ley de Compras (340-06), revela que el sistema es muy frágil y definitivamente los mecanismos de vigilancia, ex-antes y ex-post, sencillamente fracasaron.

Ese nivel de corruptela fue posible por la debilidad de la Contraloría General, debilidad manifiesta cuando pretendieron justificar sus fallos en la resolución 15-08 de la Dirección de Contrataciones Públicas; aquí falló la supevisión ex-antes, porque la Contraloría es la llamada a verificar que el gasto de las instituciones cumplan con el marco legal, pero fallos también de la Cámara de Cuentas, el organismo ex-post, que desde el año 2012 no hacia una auditoria a una entidad que desde su nacimiento es un secreto a voces el manejo corrupto de varias administraciones.