Las características básicas de todo movimiento de protesta son: diversidad de actores que los configuran, surgimiento alrededor de una o varias demandas que se generalizan en espacio y tiempo, buscan constituirse en interlocutores conjuntamente o no con otras colectividades frente una determinada forma de dominio político que se arroja el derecho cuasi absoluto del monopolio del poder. La forma de ese poder determinará un contexto que, en última instancia determina los alcances de las demandas del movimiento, la diversidad de las velocidades de las negociaciones entre los actores que lo configuran y las eventuales negociaciones con el poder que este enfrenta. En tal sentido, la marea verde tiene ante sí una realidad o contexto político que lo obligará a hacer política: negociar.
Sí, negociar, aunque para muchos esta sea una mala palabra, en los encuentros de las diversas instancias en que discurre el breve, pero increíblemente promisorio tiempo de esta nueva etapa del movimiento de protestas contra el gobierno, en las discusiones entre sus dirigentes y militantes sobre los tiempos del calendario de sus luchas para decidir hacia dónde y cómo dirigirlo, en esencia lo que se hace es política y negociar. En ese calendario, según algunos dirigentes, del movimiento en la presente etapa la principal tarea de este es lograr el fin de la corrupción y la impunidad, comenzando con la sanción ejemplar a los principales implicados en los sobornos y sobrevalorizaciones de la Odebrecht del sector público como del privado.
Enfrentar esa etapa significa ser consciente de que, por sus características y origen, este gobierno se negará a toda negociación que implique el desmonte de la estructura que le sirve de base: la corrupción y la impunidad. Sus principales cabezas apuestan al cansancio y/o pérdida de fuelle del movimiento, pero no todos son tan estúpidos para que algunos no se den cuenta que después del pasado 22 de enero este país no es ni será como antes y que están obligados a dar respuesta a las demandas de la Marea Verde. El problema es que ninguno de los dos jefes/facciones: Danilo y Leonel, están en grado de dar esa respuesta y en la búsqueda de esta, tarde o temprano podrían despuntar sectores del poder que entienden la gravedad de la situación e impongan cierto tipo de negociación.
Es la lógica que suele producirse cuando emergen movimientos contra gobiernos fuertes y cuando las organizaciones políticas que se les oponen carecen de fuerza suficiente para superarlos. Esa lógica parece haberse creado en el país, y si el movimiento quiere agotar la primera etapa como algunos plantean: fin de la corrupción y la impunidad, o plan A, deberá manejarse en la lógica discusión/negociación para tal fin y preparar un generalmente inevitable plan B. La mejor manera de lograr ese plan A, es a través del fortalecimiento y expansión de las acciones de protestas en espacio y tiempo. El discurrir del plan A determinará el abordaje del B, como generalmente indican las experiencias y los principales dirigentes de movimientos de protestas en otros países contra gobiernos autoritarios.
Toda crisis termina con negociaciones entre partes, velocidades y naturaleza diversas. Cómo abordarla es la cuestión.