La pantalla chica es bombardeada sin tregua con material audiovisual nocivo que llega a los sentidos de nuestros chicos. Son abundantes las escenas de erotismo casi explícito de novelas y películas, o el baile estilo “perreo” de algunos grupos, que no deja nada a la imaginación, o las contorsiones provocadoras de las porristas contratadas para animar equipos de béisbol. Es abundante la extrema violencia de películas y novelas basadas en el crimen organizado y sus métodos para disponer de las vidas de las personas. Y por algunas estaciones de radio se dice un amplio repertorio de malas palabras e indecencias. El servicio es gratuito y a domicilio, y de este aprenden mucho nuestros hijos, pero ninguna gendarmería de la moralidad ha chistado por eso.

Sin embargo, esa misma autoridad que pasa por alto tanto veneno ahora salta al ruedo para prohibir el concierto de Miley Cyrus, una artista estadounidense que, más o menos, hace eso mismo que con muchísima frecuencia ven nuestros chicos por los receptores de televisión de sus hogares, pero con la diferencia de que su espectáculo está confinado a un perímetro muy específico y no es apto para menores. También se ha intentado ponerle camisa de fuerza a las emisoras de radio, para que difundan el tipo de música que diga una ley, no la preferencia de los oyentes. Vemos que hay ejercicio de doble moral y afán de censurar las preferencias del público.

Una gestión insuficiente

Si el período de gestión de los actuales legisladores hubiera sido de cuatro años, habrían concluido su ejercicio el día 16 de este mes sin pena ni gloria, pues en su balance de actividad son más relevantes las cosas dejadas de hacer que las propiamente hechas. Ellos mismos se ampliaron a seis años su vigencia para unificar en el año 2016 las elecciones presidencial y congresual y, por tanto, a senadores y diputados les quedan todavía dos años de permanencia en sus curules.

Los cuatro años agotados no les alcanzaron para aprobar proyectos tan importantes como el de la Ley de Partidos, que lleva diez años en gaveta; el de reforma del estatuto policial y el de Ley de Aguas, que lleva pendiente quince años; el de Servicio Exterior y otras cuestiones también atendibles. Veremos si con una pizca de suerte y buena voluntad los legisladores honran su deuda social en los dos años que les quedan.