El contrabando se ha convertido en este país en un aliado del déficit fiscal y un enemigo letal para la estabilidad de empresas y el empleo. Cigarros y cigarrillos, medicinas y cosméticos, bebidas alcohólicas, ajo, cebolla, papas y otros bienes y manufacturas de contrabando compiten con importadores y productores locales que pagan impuestos, empujando empresas hacia la quiebra y dejando sin empleo a trabajadores. Como la mercancía ilegal no paga tributos aduanales ni impuestos al consumo, se vende a precios más bajos que las similares legales. Por aire y mar, a través de aeropuertos y puertos, así como por tierra, a través de la frontera, las evasiones de impuestos acumulan proporciones impresionantes del déficit fiscal.

Apesar de la gravedad del problema por sus efectos económicos, sociales y morales, preocupa que el contrabando tiene en nuestro país sanciones ridículas. Llama la atención que la mercancía ilegal mayormente es detectada por las autoridades en puntos de almacenaje, de venta o en manos del público, pero pocas veces en los coladeros de introducción, lo que indica que la actividad logra dejar a su paso una estela de corrupción que le garantiza cierta impunidad. El contrabando está perjudicando la economía nacional, aniquilando empresas legales y matando empleos formales. Hay que combatirlo de manera sistemática y hacer lo necesario para endurecer las sanciones.

A los fiscales y la Procuraduría

Nuestros fiscales son servidores públicos mal pagados. El trabajo que realizan en el aparato judicial como representantes de la sociedad merece mejor remuneración. Ahora la Procuraduría General de la República les anuncia un aumento salarial de un 25%, pero ellos no están conformes y habían amenazado con parar las labores. Es posible que merezcan mucho más que un 25% del salario insuficiente que ganan ahora, y reconocemos su derecho a luchar por lograr su aspiración.

Sin embargo, el Presupuesto General del Estado no permite mucho. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia no logró aumento de asignación para 2015. Saludamos que los fiscales hayan decidido suspender el paro que habían anunciado, abriéndose al diálogo para tratar de obtener lo máximo de sus aspiraciones salariales. Lo cortés no quita lo valiente, y menos cuando se tiene la razón, como es el caso.