La Contraloría General de la República valoró ayer como correcta la decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional de investigar a los auditores, proveedores y propietarios de los talleres que ofrecieron sus servicios a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), para que sean esclarecidos los hechos que revela el informe especial de la Cámara de Cuentas.
En una nota enviada a los medios la contraloría precisó que las observaciones realizadas al informe especial elaborado por la Cámara de Cuentas, estuvieron orientadas exclusivamente a que esa entidad estableciera con claridad quienes son los responsables por el uso y manejo adecuado de los fondos públicos en las instituciones, según la Ley 10-07, en sus artículos 23, 25 y 26.
“La Ley 10-07 es muy clara en este sentido, cuando delimita el rol y alcance de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) que están instaladas en varias instituciones, por lo que una cosa es la responsabilidad de los delegados de las UAI, y otra cosa muy diferente es la responsabilidad que tienen los incumbentes y los empleados bajo su mando por el resguardo, uso adecuado y protección de los fondos públicos, puestos bajo su custodia”, explica.
Puntualizó además que las observaciones, en modo alguno significan que se este defendiendo a alguien o evadiendo responsabilidades, ni mucho menos que apañen complicidades de ningún servidor público.