El Gobierno ha negado, y  hasta prueba en contrario habrá que creérselo, que la designación  de una comisión  de notables  para investigar la licitación y asignación de la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina a   Odebrecht haya tenido el propósito  de desactivar  la Marcha Contra la Impunidad del próximo 22 de febrero, que el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta,  calificó hace unos  días como un derecho del pueblo a expresar libremente su opinión sobre las actuaciones de quienes lo gobiernan. Pero es evidente que en el Palacio Nacional están preocupados, y deberían estarlo, por lo que pudiera ocurrir  ese día, pues si la marcha recibe un respaldo masivo de la ciudadanía, como esperan sus organizadores, será inevitable que se interprete como una manifestación de rechazo hacia el Gobierno, que a pesar de todo el esfuerzo y las maniobras por desmarcarse del escándalo también ha sido salpicado, y de qué manera, por los sobornos que repartió a manos llenas la constructora brasileña en República Dominicana entre el 2001 y el 2014. Y la forma mas simple y directa de medir esa preocupación son sus esfuerzos por debilitar la actividad en el escenario donde su aparato propagandístico se despliega en toda su capacidad; la opinión pública.  Por eso   de aquí al domingo nos tropezaremos  con declaraciones  de personalidades y personajes de nuestra vida pública opinando  contra la marcha, o llamando a no participar en nombre de la paz pública o lo primero que le pase por la sesera al susodicho. Como  por ejemplo un ex expresidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD),  de cuyo nombre no vale la pena acordarse, que la catalogó de “perturbadora de la actividad comercial”. ¿Por que creerá ese señor que sus organizadores convocaron   para un domingo? Pero no desesperéis, que faltan muchos mas…