Los organizadores de la Marcha Contra la Corrupción y el Fin de la Impunidad invitaron ayer a la población a asistir el domingo a las 10: 00 a.m. con ropa o accesorios verdes, en señal de esperanza de que servirá para llevar a la Justicia a todos los involucrados en el presunto soborno de la empresa Odebrecht y recuperar lo sustraído al pueblo.
Indicaron en rueda de prensa que la actividad tiene cinco objetivos, a saber: Identificación, sometimiento a la Justicia y condena de todos los funcionarios sobornados, de 2001 a 2014.
Recuperar el dinero del soborno y de las sobrevaluaciones de la empresa, después de una auditoría independiente a las obras que levantó.
El tercer objetivo es sometimiento a la Justicia de los ejecutivos de Odebrecht y cancelación de sus contratos, incluido el de las plantas a carbón de Punta Catalina, en Baní, como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas.
Otro es la creación de una Comisión Especial Contra la Impunidad, con el apoyo de las Naciones Unidas, como en Guatemala y Honduras, que pueda colaborar con los fiscales nacionales independientes que deben designar y que no respondan al Partido de la Liberación Dominicana ni al presidente Danilo Medina.
El último punto a lograr es que la Cámara de Cuentas presente al país, en 30 días, un informe de auditoría de verificación de las declaraciones juradas de patrimonio de los presidentes, ministros y demás funcionarios que negociaron con Odebrecht.
¿Un fiasco?. La comisión nombrada por el Gobierno para investigar las plantas a carbón no llena las expectativas de la población, porque solo responde a los intereses oficiales, pues su encomienda es hacer el trabajo para el que fue creada, afirmaron los organizadores de la marcha. Consideran que debió ser más amplia, para incluir a organismos y expertos internacionales, como en otros países.
La comisión, presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, está integrada además por el reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada; el empresario José Luis Corripio Estrada.
La conforman también César Sánchez y Celso Marranzini, exadministradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, y el economista Jaime Aristy Escuder.