QUITO. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y grupos de oposición medirán fuerzas en las calles de Quito este miércoles, tras la convocatoria de los sindicatos a una protesta general contra las políticas del gobierno izquierdista.

Un colectivo de movimientos sociales, incluidos indígenas, estudiantes y médicos, se movilizarán en la capital del país contra el gobierno, marcha que Correa pretende contrarrestar con una concentración oficialista frente a la sede presidencial, en el centro de la ciudad.

Después de siete años de un gobierno todavía muy popular, Correa le tomará el pulso a la dispersa oposición tras el revés de su partido Alianza País en los comicios municipales del 23 de febrero, en los que perdió importantes capitales, incluidas Quito, Guayaquil (suroeste) y Cuenca (sur), si bien se mantuvo como la principal fuerza política a nivel nacional.

Encabezada por los sindicatos, la protesta fue convocada en rechazo de varias iniciativas o proyectos de ley en curso impulsados por el Ejecutivo, entre ellos una enmienda constitucional para incorporar la reelección indefinida de autoridades, lo que le permitiría a Correa continuar en el poder después de 2017.

Queremos que Correa «escuche de nosotros criterios relacionados a tres puntos fundamentales: el retiro del proyecto de enmiendas (constitucionales), el Código Orgánico del Trabajo y la gran conflictividad laboral que tenemos los trabajadores a nivel nacional», dijo el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Édgar Sarango.

Una de las iniciativas que más ha inquietado a los sindicatos es la reforma laboral que plantea el gobierno, y que aún no ha sido presentada al Congreso de mayoría oficialista.

«Queremos que en el Código de Trabajo se respeten los contratos individuales, que se respete la contratación colectiva, que se respete la libertad de organización, la sindicalización y el derecho de huelga», dijo a la AFP Lenin Ordóñez, directivo de la Unión General de Trabajadores de Ecuador.

El gobierno rechazó que pretenda inculcar derechos laborales y aseguró que la propuesta busca poner topes a salarios, jubilaciones y utilidades en los sectores público y privado para «impedir grandes desigualdades», según Correa.

– Temores de desestabilización – Por su parte, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, insistió en que la protesta responde a motivaciones políticas antes que a un reclamo justificado de los trabajadores.

«Esto se ha convertido en una protesta de carácter político que incluso yo veo tienen afanes de desestabilización de la democracia», indicó el funcionario al canal GamaTV.

Los grupos implicados en la protesta, que incluyen a indígenas que rechazan un reciente acuerdo de liberación comercial firmado con la Unión Europea (UE), anticiparon una marcha pacífica.

«De ninguna manera queremos desestabilizar a ningún gobierno (…) Nos movilizamos recogiendo ese derecho a la resistencia que tenemos en la Constitución», dijo a la AFP el líder sindical José Villavicencio.

Fiel a su estilo, Correa asumió como un desafío la marcha y defendió las conquistas del gobierno como el aumento sostenido del salario mínimo (actualmente en 340 dólares), el fin de la tercerización (intermediación laboral) y la seguridad social para empleadas domésticas. Además señaló la baja tasa de desempleo, que actualmente ronda un 5%.

«Si el miércoles ellos son 3.000, nosotros seremos 30.000 en la plaza grande», advirtió Correa el fin de semana. Tras el revés electoral de febrero, el presidente ha advertido sobre el resurgimiento de un frente de oposición que podría alcanzar el poder -al que denomina «restauración conservadora»-, y justificado la enmienda que le permitiría buscar un nuevo mandato de cuatro años.

El proyecto de reforma está siendo analizado por la Corte Constitucional, que deberá definir en próximos días si debe ser tramitado por el Congreso o ir a consulta popular.