Corrupción con precio de sangre

La investigación del asesinato brutal del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez nos pone ante otro caso en que la corrupción desde un estamento público tiene un alto precio en sangre. Ahora ha sido la OMSA, cuyo director, Manuel Antonio Rivas, y otros de ese organismo, figuran entre los principales sospechosos de la muerte, en medio de un tinglado que tiene como clave un presunto acto de extorsión para desistir de impulsar la acción penal contra supuestos actos de corrupción.
Si a ver vamos, el cambio de actores y escenarios no diluye la crudeza de un drama que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo y por vía de distintas tribunas sociales. La corrupción hace de las suyas en dependencias del Estado y los medios de prevención y castigo resultan insuficientes y frágiles. Esta vez fue la OMSA la fuente del horror, pero ayer fue el CEA con dos asesinatos motorizados por actos corruptos, y antes fue OISOE con el suicidio de un arquitecto, y más adelante CORDE, con un negocio turbio y criminal, todos desde estamentos oficiales.
Desde luego, el asesinato de Yuniol Ramírez tiene que ser esclarecido y castigado hasta las últimas consecuencias. Es lo actual, el escándalo de turno. Pero no olvidemos que estamos viviendo más de lo mismo, en distintos escenarios y con distintos actores. Al fin y al cabo el libreto emana corrupción.

El CMD vuelve a lo que mejor hace

Parar los hospitales en perjuicio de la gente que más necesita sus servicios es lo mejor que sabe hacer un Colegio Médico Dominicano que unas veces se declara abierto al diálogo, pero siempre arremete contra la palabra como medicina de las contradicciones. El llamado a otro paro es lamentable. Indica que ha fracasado otra vez un intento de dirimir inteligentemente las discordias. Ahora resulta que el acuerdo a que arribaron alguna vez los médicos y el Gobierno tiene distintas lecturas. Así, uno entiende una cosa y el otro entiende que es otra, y no hay acuerdo ni siquiera en el acuerdo.
Insistimos en que las partes deben flojar su rigidez y buscar puntos de criterio en común que permitan abrir la brecha hacia un entendimiento. Ambas partes sacrifican a los pacientes más pobres, y eso es despiadado.


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