No hay nadie, a nivel planetario, que no reconozca que el problema de la corrupción en la sociedad moderna, extendida cual epidemia y convertida en verdadero flagelo social, ha devenido en una sanguijuela que absorbe criminalmente recursos necesarios para el desarrollo, erosionando voluntades, conceptos morales y éticos. Sin embargo, son muchos, posiblemente demasiados, los que conviven con ella; unos, una minoría, beneficiándose y lucrando gracias a su sombra, y los otros resignándose a verla como algo normal e, incluso, añorando tener la oportunidad de ser partícipes.

Frente a ello la gran mayoría de la sociedad, sus sectores más sanos, decentes y honestos sintiéndose maniatados y frustrados ante un panorama de tolerancia e impunidad. Acaba de celebrarse una enorme reunión internacional en la Ciudad de Panamá con la presencia de 168 naciones y 1,200 representantes, en las sesiones de la Quinta Sesión de la Conferencia de los Estados Partes (COSP5) de la Convención de la ONU Contra la Corrupción (UNCAC). Incluso, pocos días antes se efectuó el encuentro de la Asociación de las Autoridades Internacionales Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés) donde se hicieron representar 96 países.

Efectivamente, a nivel internacional se aprecia un gran movimiento y preocupación sobre el tema y se identifican acciones y escenarios de cooperación para colaborar en la represión del problema a nivel internacional y no dejarle resquicio de cobertura y protección a los corruptos. Eso está muy bien y es necesario, pero poco se logra si a nivel nacional no se persigue el crimen y se aplica la ley. Se avanza y hay gobiernos en varios países que están siendo estrictos y rígidos pero hay otros muchos donde les tiembla la mano porque saben que el problema está tan extendido que sus posiciones pueden tambalearse y las posiciones de sus partidos resquebrajarse.

Parece imprescindible que a nivel internacional surjan mecanismos – suspéndase entrega de fondos y asistencia – que puedan presionar a gobiernos para que ejerzan debidamente sus obligaciones. El tema se viene convirtiendo, inevitablemente, en prioritario para las agencias internacionales que contribuyen con programas y fondos para el desarrollo. Según el Banco Mundial, los países en desarrollo, pierden entre 20 y 40 mil millones de dólares anuales por el drenaje de la corrupción y el soborno, debilitando gobiernos y reforzando las organizaciones criminales. En muchas naciones si no se erradica la corrupción no podrán alcanzar los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tiende a verse el problema como exclusivo del sector público pero es un problema que se extiende a algunos sectores empresariales. El que soborna, evade impuestos y aranceles es tan corrupto como el que desvía fondos, cobra comisiones e inventa diversos mecanismos de enriquecimiento ilícito. Hay sociedades donde el simple hecho de acusar a uno de corrupto lo destruye, en otras parece convertirlo en héroe. El gobierno que no comprenda la urgencia de reprimir con severidad la corrupción no se da cuenta que la misma es una bomba de tiempo.