Tiros van y tiros vienen. Impresionante intercambio de disparos, tal como lo reseña la fatal noticia a la que estamos ya acostumbrados: – Presuntos delincuentes perseguidos resultaron muertos en manos de la Policía; Policía muere por disparos hechos por presuntos delincuentes. Y vaya usted a saber, en ese infierno, donde la verdad reside, quién es quién en este atolladero, donde a cada rato altos oficiales de la uniformada de gris se ven implicados como delincuentes en contrabando de drogas, crímenes y atracos, y delincuentes confesos son liberados por la Justicia.
Metafóricamente ese escenario se ha trasladado sutilmente y desde hace tiempo al Poder Judicial, donde para hacer justicia sabia y justa, se supone que intervienen en paz con su conciencia ilustres togados: los magistrados jueces que tienen por misión aplicar la ley, caiga quien caiga, sin temor ni favor, en nombre de la Justicia; el representante del Ministerio Público, defensor del interés social, de la sociedad; y los abogados, duchos en la materia, defensores de sus clientes a quienes se deben y se les presume “inocentes hasta prueba en contrario”. Lo que no deja de ser, por ello, menos escandaloso por cuanto, tratándose allí de intereses políticos poderosos, nadie resulta culpable ni corre peligro alguno. Algunos son seres invisibles; otros heridos levemente por una condena, ni tiempo tienen de acostumbrarse a la sala de prisión asignada previamente, acomodada a su gusto, siendo despachados poco después sin pena ni gloria para estar junto con sus familiares y amigos, indignados y adoloridos por esa maldad incalificable.
Pero donde la corrupción comienza si el Poder Judicial no le pone fin, no alcanza límites. Se escurre por la piel como un virus maldito y llega a pervertir la verdad y la razón. Todo es permitido, a todo se le encuentra un motivo justificativo que se resume si se quiere en pocas palabras: ¿Si mi actuación ha sido igual o similar a la tuya, con qué autoridad moral me acusas? Y salen los trapitos al sol que se oculta avergonzado de tanta pestilencia.
El más reciente follón, el escenificado por la juez interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Licda. Katherine Rubio Matos, que en uso se su pretendida autoridad que considera legítima e incuestionable, ordena y dispone que más de medio centenar de presos de la cárcel de Najayo, muchos de grueso calibre, incumpliendo todas las formalidades protocolares según informa el director del Nuevo modelo Penitenciario Dr. Ysmael Paniagua, fueran a celebrar las Navidades con sus familiares, ordenamiento respaldado olímpicamente por la presidenta de la Corte Penal de Apelación de esa Jurisdicción, Dra. María Garabito Ramírez, que echa flores malolientes por su boca destemplada.
Todo esto nos hace llegar a una sola conclusión, que trascribo del pensamiento de Baron de Montesquieu para darle mayor credibilidad: “Cuando en un gobierno popular se dejan las leyes incumplidas, como ese incumplimiento no puede venir más que de la corrupción de la república, puede darse el Estado por perdido”.