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El gobierno del presidente Danilo Medina deberá destinar las partidas presupuestarias requeridas para el sostenimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el de las demás instituciones públicas de educación superior. También, a emplear millones de dólares en subsidiar la energía eléctrica, el gas licuado de petróleo, el servicio de la deuda externa, la construcción y equipamiento de hospitales públicos, entre otros. Pero, ¿los ingresos que percibe el Estado dominicano alcanzarán para satisfacer todos esos y muchos más requerimientos? Nos parece que no. Que nos veremos obligados a aceptar el establecimiento de un orden de prioridades en los gastos gubernamentales.
Desde la óptica del mundo productivo, una infinidad de hechos que se dan en forma incesante exigen de investigaciones y de toma de decisiones que inciden en la vida económica, el mundo del trabajo y el progreso social. La única forma de lograrlo es acudiendo al concurso especializado de las universidades, a los centros de investigación y, en general, a los distintos campos del saber y la cultura.
El atraso que aquí registra la industria y el comercio, los problemas financieros y monetarios, la falta de infraestructura técnica y otras insuficiencias por el estilo responden a razones muy diversas, entre las que pueden contarse las rigideces de nuestro sistema productivo en correspondencia con las políticas públicas y los acuerdos internacionales.
Quien esto escribe no dispone de mayores conocimientos en materia de economía política; no obstante, damos como válido el hecho de que en el sistema capitalista, el capital privado tienda a concentrarse en unas pocas manos, en parte a causa de la competencia entre capitalistas, y en parte a causa de la creciente división de la clase obrera, al unísono con las ansias de buen vivir de la pequeña burguesía. Todos esos acontecimientos determinan la formación de unidades mayores de producción en detrimento de las menores. ¿Resultado? El señalado por el sabio judío alemán Albert Einstein, en un mensaje refiriéndose a los males de la economía capitalista que dirigiera al Congreso de Intelectuales para la Paz, publicado por el Monthly Review de Nueva York en agosto de 1948: “El resultado es una oligarquía del capital privado, cuyo enorme poder no puede ser eficazmente controlado ni siquiera por una sociedad política organizada según principios democráticos. Esto es así porque los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos que reciben fuertes influencias y amplia financiación de los capitales privados que, en la práctica, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los representantes del pueblo no protegen con la debida eficacia y en la medida suficiente los intereses de los sectores menos privilegiados de la población”.
En las circunstancias descriptas en el párrafo anterior, por cierto, muy parecidas a la que los dominicanos vivimos hoy, es casi imposible que el ciudadano de a pie pueda hacer un uso inteligente de sus derechos políticos. Nuestro sistema de educación superior se vería perjudicado si inculcamos en los estudiantes una exagerada actitud competitiva y si solo los entrenamos en el culto al éxito adquisitivo como desean muchos de los que controlan las principales fuentes de información. Lo económico no es el único problema que afecta a nuestras instituciones de educación superior. Amén de ese, tenemos muchos otros que enfrentar.