El Consejo del Poder Judicial (CPJ) descargó este año por falta de pruebas, a cinco jueces acusados de supuestamente cometer faltas graves, incluido uno por violencia intrafamiliar.
El acusado de supuestamente haber golpeado a su esposa estando bajo los efectos del alcohol, fue el magistrado Juan Miguel Pérez Gómez, juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez.
Se le atribuyó haber incurrido en violación a la Ley número 2497, sobre violencia intrafamiliar, contra su excónyuge Yocasta Miguelina Espinal Peralta, con la cual se disputaba un inmueble familiar.
Sin embargo, tras investigaciones realizadas por el Ministerio Público se comprobó que “la señora Miguelina es una persona agresiva eso es así y ella lo dijo aquí, que tiene un ímpetu muy diferente al magistrado y que eso la llevó a ella a presentar la denuncia a la fiscalía…”, según expediente.
Aunque la denuncia contra Pérez Gómez es de agosto del 2016, fue este año cuando el CPJ dictó su resolución declarando no culpable al juez de las imputaciones presentadas en su contra, y en consecuencia lo descargó de toda responsabilidad disciplinaria.
Otros liberados de culpabilidad. Son Modesto Amarante Peña, juez de Paz del municipio El Factor de la provincia María Trinidad Sánchez, acusado de alegadamente cobrar para entregar un inmueble objeto de un litigio; Pilar Rufino Díaz, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado Primera Instancia del Distrito Nacional, por variar medida de coerción impuesta al acusado de narco Pascual Cordero Martínez (El Chino), de garantía económica y presentación periódica a prisión domiciliaria.
Fue descargada también la juez titular del Juzgado de la Instrucción de San José de Ocoa, Mary Geannete Díaz Castillo, imputada, entre otras irregularidades, de homologar un acuerdo penal abreviado en la modalidad del acuerdo pleno a favor del imputado de narco José de los Santos Montero.
El otro favorecido con un descargo es Freddy Bienvenido Geraldo, juez del Tribunal de Tierras de Peravia, quien alegadamente no tramitó a tiempo al Registro de Títulos de Baní, la nota preventiva en un expediente donde hay involucrados familiares directos suyos, facilitando la transferencia del inmueble objeto de litis.