La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró ayer que  el  consejo que aprueba empresas para la frontera debe estar constituido por instancias del Poder Ejecutivo y no sólo por legisladores de la región que tienen una visión  legítima, pero  “sesgada” del desarrollo de sus demarcaciones.

 Actualmente la AIRD impugnó ante el Tribunal Superior Administrativo la aprobación por parte del consejo de  cuatro  empresas para la frontera amparadas en la ley de incentivo 28-01. Esas industrias son fábricas de  colchones, ron, sacos de  polipropileno e importación de ropas usadas.

 Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, informó que sometieron una medida  cautelar de suspensión de las autorizaciones para evitar que las empresas empiecen  a operar.