El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón consideró este domingo que el Estado dominicano no debe seguir retrasando del proceso de aplicación de la Ley General de Migración, No. 285-04, y proceder a deportar a todo aquel que no calificó en el Plan Nacional de Regularización, que está en el país en una condición de ilegalidad migratoria, y que no se acogió a las generosas facilidades dadas por la Dirección General de Migración con el retorno voluntario, sumiéndole hasta los recursos para el transporte.

´Quien no se acogió al plan, ni quiso aprovechar esas facilidades debe ser deportado´, expresó Castillo Pantaleón al ser entrevistado en el programa Toque Final que dirige cada domingo el periodista Julio Martínez Pozo por Antena Latina, canal 7.

Sin embargo, el experto constitucionalista afirmó que las acciones del Estado no van a funcionar del todo bien si el principal problema de atracción de esa población migrante no es atendido, ´ y hemos visto que no ha ido de la mano el trabajo de la Dirección General de Migración y del Ministerio de Interior y Policía, ni tampoco las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estará completo nada de eso si el Ministerio de Trabajo no cumple con su función´.

En ese sentido, explicó que la Ley Migratoria y el Código de Trabajo establecen las sanciones por el empleo de mano de obra ilegal que es utilizada por ciertos sectores del empresariado y del comercio para maximizar beneficios, ya que a su juicio, el extranjero ilegal generalmente es más vulnerable, y es capaz de aceptar condiciones de trabajo deprimidas y de sobre-explotación.

Dijo que eso significa el aprovechamiento de la miseria de un núcleo muy vulnerable, y al mismo tiempo el agravamiento de la situación de desplazamiento de nichos laborales de los dominicanos más pobres, y entiende que no hay ninguna justificación ni jurídica ni ética que avale perjudicar a los más desposeídos.

Castillo Pantaleón sostuvo que aunque la organización internacional Human Rights Watch tiene como objetivo luchar por la vigencia de los derechos humanos, solo pretende tutelar y supervisar estados, pese a que en Estados Unidos se violan constantemente los derechos humanos y hay un grave problema racial, la entidad dirige sus ojos en esta ocasión a la República Dominicana.

Indicó que su directivo y vocero, José Miguel Vivanco, un ciudadano chileno, ha hecho unas imputaciones que no se corresponden con la verdad, por lo que respaldó la acción de los reporteros dominicanos, quienes se encargaron de desenmascarlo, ´este hombre presentó un informe preparado con antelación, muy bien editado, donde no hay ningún tipo de pruebas´.

Aseguró que la intención de la OEA es que RD sea una válvula de escape, y criticó también la irresponsabilidad internacional que ha canibalizado  los recursos humanitarios que la solidaridad internacional envió a ese país.

Dijo que nadie sabe a dónde fue a parar todo el dinero que se ha enviado en ayuda para ese Haití, ni qué ha pasado con la agenda de reconstrucciones y con los millones de dólares aportados por la Cruz Roja. ´Esos son los temas que se pretende dejar de mencionar, y crear una percepción de violación de derechos humanos. La OEA una vez más se ha presentado como una especie de farsa, en la que la República Dominicana siempre es la perjudicada