Mientras la expresidenta argentina Cristina Fernández denunció el uso de tóxicos y otras supuestas irregularidades durante el allanamiento a una de sus propiedades en la causa judicial que la investiga como jefa de una organización delictiva dedicada a sobornar empresarios durante su gestión, el gobierno de Mauricio Macri creó ayer un fideicomiso para evitar que el escándalo demore los proyectos de obra pública.
El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, negó el uso de un «tóxico de contacto» durante la inspección realizada la semana pasada a un departamento de Fernández (2007-2015) en Buenos Aires que, según el relato de un arrepentido en la investigación del juez Claudio Bonadío, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener obras públicas.
«No se usó ningún tipo de químico… No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista», señaló Roncaglia. «El personal que actuó es súper profesional… nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme al derecho», agregó.
Fernández, de 65 años, había difundido previamente un comunicado en las redes sociales firmado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que denunció que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado «sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar». El letrado indicó que por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató «que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto».
El abogado indicó que su clienta no había podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras supuestas irregularidades, como que se le impidió presenciar el allanamiento.
Además del departamento de la capital argentina, fueron requisadas otras dos propiedades de Fernández en la provincia de Santa Cruz. Por su condición de legisladora el juez Bonadío tuvo que obtener la autorización del Senado.