Los principales periódicos y revistas del mundo, los jefes de Estado de varias islas del Caribe, el CARICOM, los alcaldes de Montreal y Nueva York, Human Rights Watch, entre otros, han sido muy críticos de lo que nuestro país está haciendo con relación al tema haitiano.

La reacción dominicana ha sido muy fuerte. Sin embargo, la misma ha estado muy mal enfocada al no entenderse aquí el contenido de esas críticas, pues las mismas lo que han enfatizado son las posibles deportaciones de personas nacidas en el país hijas de haitianos y que, debido a una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, perdieron retroactivamente su nacionalidad dominicana. Si se lee el contenido de las declaraciones de la lista antes referida se verá que ese es el tema que han tratado, no los planes de deportaciones de haitianos nacidos en Haití.

Es obvio que nuestro Gobierno no se preparó para esa crítica. No diseminó entre las organizaciones y la prensa internacional las bondades de la muy sabia ley concebida por el presidente Medina que ha permitido que unas 55,000 personas, la mayoría hijos de haitianos, hayan participado en el proceso de búsqueda de la nacionalidad dominicana. Igualmente culpable lo es la Junta Central Electoral (JCE), la cual, en vez de hace años ir publicando los nombres de las personas cuyos casos no tenían problemas, optó por esperar años y, de sopetón, publicó la larga lista, coincidiendo, precisamente, con el fin del proceso de regulación cuando la atención internacional se concentraba en el tema de las deportaciones.

Violó un precepto básico de Maquiavelo: El príncipe hace las cosas malas una sola vez, pero las buenas las va comunicando poco a poco. Por qué la JCE actuó así? Pensamos que estaba reacia a cumplir con la ley promovida por el presidente Medina, contando con el apoyo de los Vinchos y de nuestro cardenal.

Con la salida del Gobierno de los primeros y con la amonestación papal a nuestros obispos, la JCE tuvo, a regañadientes, que publicar la lista, y admitir además, que los casos de fraudes eran mínimos y no los miles que públicamente había advertido podrían existir.

Fue tan solo en Guatemala que un portavoz del Gobierno, nada menos que el presidente Medina, trató el tema de los apátridas, reaccionando, por fin, a las críticas sobre el tema. Si el Gobierno y la JCE hubiesen actuado de forma pro-activa, y no reaccionando a las críticas, estas hubiesen sido menores. Si se hubiese difundido lo de la ley de nacionalización y sus logros en los principales periódicos del mundo y ante gobiernos extranjeros, las críticas hubiesen sido menores, pues el derecho a deportar extranjeros indocumentados ha sido poco criticado en el caso dominicano y más bien apoyado por diplomáticos europeos y organismos internacionales.

Lo que también es muy lamentable y criticable es que parte de la prensa extranjera haya hecho referencia a la matanza de 1937, en la cual el pueblo dominicano no tomó parte. Es más, la prensa dominicana de la época jamás se refirió a ella y esa tragedia nada tiene que ver con el proceso de deportación. También acusan a este país, la mayor comunidad mulata del mundo, de ser racista.

El presidente Medina cuenta ahora con más fuerza política que durante los últimos tres años para enfrentar el problema, pues sus enemigos al interior de su gobierno se han debilitado. Habrá que admitir, sin embargo, que está recibiendo mucha presión internacional. La visita de la jefa de la MINUSTAH, así como la del canciller de Brasil (principal contribuidor a la MINUSTAH), y la decisión de la OEA de enviar una misión, son ejemplos.

Cómo y cuándo se iniciaran las deportaciones forzosas? Hasta dónde el Gobierno podrá estimular el éxodo voluntario, lo que resultaría ser más económico, más político y causaría menos sufrimiento humano? Hasta dónde el Gobierno, sin tener que ir al Congreso, podrá dar oportunidades a que se registren los que todavía no lo han hecho, tanto los aptos para recibir la ciudadanía como aquellos extranjeros que cumpliendo con la ley puedan quedarse en el país?