Cuando el PBI no lo es todo

Como medición de grosso modo y pura contabilidad de bienes y servicios, el muy invocado Producto Bruto Interno está siendo contrastado y puesto a prueba por entidades como el Banco Mundial que acaba de aplicar una radiografía a las realidades sociales y económicas de los países, y en esto se ha visto que en lo fundamental, República Domonicana crece en volúmenes materiales, mas no tanto en la colocación de los seres humanos en niveles de integración y desarrollo para la vida productiva y en salud que conduce al bienestar.
El revelador índice (IDH) saca a la luz promedios que llevan a colocar al país entre las cuatro naciones de América Latina del más bajo nivel, con una inversión pública insuficiente en Educación y Salubridad y con unos resultados de corto alcance para la comunidad en esos capítulos de gastos que con frecuencia se pregonan como adecuados aunque se quedan atrás en metas a las que debe llegarse al menos a mediano plazo para superar el subdesarrollo. Está demostrado que en República Dominicana el crecimiento no causa un impacto de magnitud en las franjas sociales más numerosas. En términos generales los salarios han estado congelados por decenios en su ya demostrada incapacidad de cubrir el costo de la vida; y ahora, con el bajo Índice de Desarrollo Humano enfocado en la realidad de muchos individuos, queda dicho que la inversión social de estos tiempos no es la apropiada.

La ley como letra muerta

El Tribunal Constitucional ha puesto el dedo sobre la llaga de los “usos y costumbres” que se manifiestan en falta de aplicación de las normas jurídicas por quienes tienen la obligación de hacerlas respetar. Cuatro ministerios y la Policía aparecen en una sentencia de la alta corte como causantes, por omisión, de monopolios en el transporte, ratificando un fallo contra arbitrariedades atribuidas a camioneros opuestos al acarreo propio de empresarios. Nada se ha hecho para hacer valer las garantías de libre comercio. Es evidente que la primera y más firme reacción contra el manifiesto desacato ha debido provenir del Poder Ejecutivo, el categórico superior de esos funcionarios del gabinete y de mandos policiales y militares colocados en una virtual aceptación de prácticas muy arraigadas, pero ilegales. Debilidad ante intereses creados.